El procurador general enfatiza el fraude perpetrado contra Chevron en Lago Agrio

Juan Carlos Larrea ha sido entrevistado en diversos medios tras el laudo arbitral.

Juan Carlos Larrea ha sido entrevistado en diversos medios tras el laudo arbitral. / Foto: El Oriente

Quito - Desde que se hizo público el laudo a favor de Chevron, el 8 de diciembre de 2025, el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, ha aparecido en varios medios de comunicación nacionales. Ha puesto mucho énfasis en el fraude perpetrado contra la compañía en Lago Agrio durante el gobierno de Rafael Correa.

El ‘fraude del siglo’ contra Chevron, le costó $ 220 millones a Ecuador, monto correspondiente a los gastos que la empresa incurrió para evitar la ejecución de la fraudulenta sentencia de Lago Agrio de $ 9.500 millones.

El 19 de diciembre, Larrea señaló en la radio I99 de Guayaquil: “El tribunal dijo que en las sentencias del llamado caso Lago Agrio no hubo una decisión judicial legítima, sino que fue fraudulenta porque fue obtenida con una promesa de soborno y a través de un escritor fantasma, o sea, que ni siquiera la escribió el juez”.

El 16 de diciembre enfatizó en el programa de Andrés López: “La justicia internacional, no solamente el tribunal arbitral en el 2018, sino hasta cuatro instancias de la justicia de Países Bajos, declaró que esa decisión judicial era, pues, fraudulenta, que era espuria”.

Ese mismo día, manifestó en radio Armónica: “El tribunal arbitral dijo que la sentencia del caso Lago Agrio fue obtenida con fraude, a través de una promesa de soborno y que ni siquiera fue escrita por el juez. Eso dijo el tribunal arbitral. Y más aún, eso fue después confirmado por hasta cuatro decisiones de Países Bajos”.

El 11 de diciembre, señaló en Teleamazonas: “El tribunal dijo que en unas sentencias de un caso en el Lago Agrio habían sido obtenidas en forma fraudulenta, con dolo y con un tercero que había escrito la sentencia en lugar del juez. El tribunal hace énfasis especialmente en dos decisiones, o dos hitos judiciales del año 2011 y del año 2012. Dice: son fraudulentas y las decisiones judiciales siguientes o posteriores tampoco las revirtieron. Entonces, se configuró un escenario de denegación de justicia”.

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