Energía
David Larenas, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, denunció ayer, durante una rueda de prensa en Quito, que ciertos sectores políticos persisten en echar abajo la actividad minera en el país, lo que ya está provocando perjuicios importantes.
En ese sentido, anunció que la empresa china Junefield Ecuagoldmining South América, concesionaria del proyecto minero Río Blanco, ha planteado una indemnización de 480 millones de dólares al Estado para evitar la presentación de una demanda internacional.
El motivo es que ese proyecto se mantiene paralizado desde hace más de dos años, luego que una decisión judicial consideró que se vulneraron los derechos de consulta previa de la comunidad aledaña de Molleturo, en Azuay.
“Las actividades en la mina se paralizaron sin sustento legal y ya hay muchas evidencias de que la zona ha sido tomada por la minería ilegal y todas sus actividades criminales conexas”, acotó Larenas.
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