Empresas públicas podrán contratar seguros sobre materias primas

El Gobierno busca incorporar herramientas de cobertura para estabilizar ingresos por exportaciones

Con 84 votos, la Asamblea Nacional aprobó la ley de Integridad Pública / Foto: cortesía Asamblea Nacional

Quito- Con el objetivo de blindar las finanzas públicas frente a la volatilidad de los mercados internacionales, las empresas públicas nacionales y el Banco Central del Ecuador (BCE) estarán autorizados a contratar seguros y ejecutar operaciones de cobertura (hedging) sobre materias primas o commodities. En el caso de Ecuador, estos incluyen principalmente el petróleo, camarón, cacao y banano. Esta disposición consta en un artículo de la Ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio por el Pleno de la Asamblea Nacional.

La norma permite que estas entidades usen mecanismos como seguros especializados y derivados financieros -estructurados o no estructurados- para mitigar el riesgo de fluctuaciones internacionales de precios, como los del petróleo o alimentos. El costo de estas coberturas se pagará con cargo al presupuesto de cada entidad y su contratación no generará responsabilidad en caso de que la cobertura no se ejecute. Es decir, el Estado no considerará como pérdida el valor pagado por la póliza o instrumento derivado.

Esta herramienta representa un cambio significativo en la forma en que Ecuador gestiona el riesgo externo, al permitir una mayor sofisticación en la protección de ingresos fiscales y estabilidad financiera, especialmente en sectores sensibles como el petrolero o el agrícola.

La inclusión de esta medida se da en el marco de la aprobación de la Ley de Integridad Pública, iniciativa urgente en materia económica presentada por el presidente Daniel Noboa. La normativa reforma más de 20 leyes y busca fortalecer la transparencia, la eficiencia del servicio público y el combate contra la corrupción.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), destacó que la ley “garantiza servicios públicos de altísima calidad y justicia limpia” y que marca una diferencia entre “los ciudadanos honestos y los cómplices del crimen”.

Entre otras disposiciones relevantes del proyecto están el juzgamiento de menores que cometan delitos graves como adultos, la expulsión inmediata de presos extranjeros y reformas a la normativa de contratación pública.

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