Quito- El Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen presuntos delitos vinculados a la empresa municipal Segura EP, en Guayaquil, en medio de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y posibles fines políticos.
La acción fue presentada este lunes 22 de junio de 2026 por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien señaló que la entidad habría sido utilizada para actividades ajenas a su objetivo original de seguridad ciudadana.
Según la funcionaria, Segura EP habría operado como parte de una presunta estructura de persecución política y espionaje contra opositores, en la que —según sus declaraciones— estarían involucrados funcionarios públicos y una supuesta red liderada por el expresidente Rafael Correa.
Morillo sostuvo que los recursos destinados a la seguridad de Guayaquil habrían sido desviados para fines no institucionales y pidió que la investigación determine responsabilidades y posibles irregularidades en la gestión de la empresa.
En paralelo, el ministro del Interior, John Reimberg, se refirió al caso en redes sociales y cuestionó el uso de infraestructura y recursos estatales para fines distintos a la seguridad ciudadana. Señaló que los fondos públicos deben destinarse exclusivamente a la protección de la población y no a intereses particulares.
Hasta el momento, no se han presentado resultados de la investigación fiscal ni respuestas oficiales de las personas o instituciones señaladas en la denuncia.
