Gobierno evalúa seguro petrolero para proteger ingresos estatales

El Ejecutivo incorporó reformas legales que abren la posibilidad de que las empresas públicas evalúen el uso de coberturas financieras

Actualmente, el aporte neto petrolero al Presupuesto General del Estado bordea los USD 2.000 millones / Foto: cortesía Petroecuador

Quito- La reducción del peso del petróleo en las finanzas públicas ha evidenciado las limitaciones estructurales del modelo presupuestario ecuatoriano, que durante años dependió de los ingresos generados por la exportación de crudo.

Actualmente, el aporte neto petrolero al Presupuesto General del Estado bordea los USD 2.000 millones, muy por debajo de los aproximadamente USD 13.000 millones que se obtenían cuando los precios internacionales superaban los USD 100 por barril y el país registraba mayores niveles de exportación.

La disminución de la producción y los costos asociados a la operación de Petroecuador han reducido la rentabilidad del sector energético. En paralelo, los ingresos tributarios, que alcanzan entre USD 16.000 millones y USD 17.000 millones anuales, se concentran en cubrir gastos obligatorios del Estado. Entre estos destacan el pago de sueldos del sector público, transferencias a gobiernos locales, aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y programas sociales, lo que limita la capacidad de inversión y genera presión fiscal permanente.

Frente a este escenario, el Gobierno del presidente Daniel Noboa impulsa reformas orientadas a redistribuir el gasto público, incluyendo ajustes en el sistema de asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el objetivo de priorizar inversión sobre gasto corriente. Sin embargo, el déficit fiscal proyectado para 2026 supera los USD 5.400 millones, lo que mantiene la dependencia del endeudamiento para cubrir obligaciones estatales.

En paralelo, el Ejecutivo incorporó reformas legales que abren la posibilidad de que las empresas públicas evalúen el uso de coberturas financieras (seguro petrolero) para proteger los ingresos petroleros frente a eventuales caídas de precios. Estas herramientas funcionan como mecanismos de gestión de riesgo que permiten establecer rangos de precio para la venta futura de crudo, aunque su aplicación todavía requiere el desarrollo de normativas internas y análisis técnicos especializados.

El nuevo marco legal también contempla que instrumentos similares puedan ser evaluados para proteger otros activos estratégicos como el sector minero administrados por el Banco Central del Ecuador.

Analistas coinciden en que estas medidas pueden ayudar a reducir la volatilidad fiscal, pero advierten que no reemplazan la necesidad de reformas estructurales que equilibren ingresos y gastos estatales a largo plazo.

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