Gobierno retiene más de USD 200 millones a Sinohydro hasta que Coca Codo opere sin fallas

Entre las garantías retenidas se incluye una sobre distribuidores de agua, componentes críticos con más de 17.000 fisuras

La ministra no precisó si la medida aplica a todas las garantías / Foto: cortesía

Quito- El Gobierno ecuatoriano decidió no liberar más de USD 200 millones en garantías a la empresa china Sinohydro hasta que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair funcione correctamente, según anunció la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

La decisión se produce días después de que el Estado formalizara la recepción definitiva de la obra, el pasado 17 de abril, cerrando un proceso que se extendió por casi una década desde su entrada en operación en 2016. Sin embargo, la entrega no resuelve uno de los principales puntos de conflicto: los defectos estructurales detectados en la central.

Entre las garantías retenidas se incluye una relacionada con los distribuidores de agua, componentes críticos que presentan más de 17.000 fisuras, según informes técnicos. La ministra no precisó si la medida aplica a todas las garantías o únicamente a aquellas vinculadas a estas fallas.

Coca Codo Sinclair, ubicada entre Napo y Sucumbíos, es la mayor hidroeléctrica del país, con una capacidad instalada de 1.500 megavatios. Fue construida durante el gobierno de Rafael Correa con una inversión cercana a los USD 2.000 millones, pero desde su inicio ha estado marcada por problemas técnicos que impidieron su recepción definitiva hasta ahora.

El cierre del proceso se dio en cumplimiento de un laudo arbitral notificado a inicios de abril, que permitió destrabar la situación contractual entre el Estado y Sinohydro. Aun así, el Ejecutivo ha insistido en que mantiene el control total sobre la infraestructura y que las garantías seguirán bajo custodia de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Como parte de la nueva etapa, la operación, mantenimiento y riesgos de la central serán transferidos a PowerChina, empresa que asumirá la reparación de las fallas identificadas por los organismos de control.

La decisión de retener los pagos refleja la intención del Gobierno de condicionar el cierre financiero del contrato al desempeño técnico de la obra, en un contexto en el que Coca Codo Sinclair sigue siendo clave para la seguridad energética del país, pero también uno de los proyectos más cuestionados de la última década.

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