La Asamblea aprobó ley de control a fundaciones pese al rechazo de la oposición

La Ley de Transparencia Social busca controlar el flujo irregular de capitales

La oposición aseguró que busca criminalizar a las organizaciones sociales del país / Foto: cortesía Asamblea

Guayaquil.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, de mayoría oficialista, aprobó este martes una ley de control a las fundaciones, enviada por el presidente Daniel Noboa, en medio de fuertes críticas de la oposición, que aseguró que es inconstitucional y que supuestamente busca criminalizar a las organizaciones sociales del país andino.

La Ley de Transparencia Social busca, por medio de la regulación de organizaciones sin fines de lucro, controlar el flujo irregular de capitales, ya que, de acuerdo al mismo presidente Noboa, algunas de ellas son utilizadas para "ingresar dinero y desestabilizar el país sin ningún tipo de control financiero".

El mandatario ha asegurado que algunas de estas entidades se han vuelto "un mecanismo que impulsa la criminalidad y la minería ilegal".

"La Unidad de Análisis Financiero y Económico identificó que durante los cinco primeros meses de este año se reportaron más de 600 millones de dólares en operaciones no justificadas y el Banco Central reportó que de 2007 al 2020 circularon 22.000 millones de dólares no justificados en el sistema financiero", señaló la asambleísta oficialista Mishel Mancheno, en la exposición del proyecto en el pleno.

Según ella, estas eran cifras que daban cuenta de la necesidad de aprobar este proyecto, ya que esos recursos se pudieron invertir "en educación, salud y obra social" pero "lastimosamente cayeron en manos de economías criminales".

Críticas a la normativa

Mancheno aseguró que la iniciativa era "el resultado de un consenso amplio y legítimo", ya que en la comisión en la que se analizó recibieron a diversas organizaciones y expertos en la materia.

Sin embargo, durante su paso por la Asamblea, el proyecto recibió numerosas críticas de la sociedad civil e incluso de la relatora especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, quien este martes volvió a señalar que el principal problema era la estigmatización que se hace a las organizaciones "haciendo una relación directa entre su acción y una lista de ilícitos, relación que no es demostrada en la exposición de motivos".

La Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) y que es la principal fuerza de oposición del país, señaló en un comunicado que la normativa es "abiertamente inconstitucional".

El correísmo aseguró que se incluyeron a último momento reformas tributarias y financieras "ajenas a su propósito original", con las que el Ejecutivo supuestamente busca "garantizar que los más poderosos del país nunca sean investigados ni sancionados".

Además, advirtió que, "lejos de fomentar la transparencia", la ley puede usarse para "callar a las organizaciones sociales y a las voces críticas".

"El verdadero espíritu no es ordenar la economía sino un control, la persecución y la criminalización a las organizaciones comunitarias del país", señaló durante el debate la legisladora correísta Paola Cabezas.

Por su parte, el asambleísta del conservador Partido Social Cristiano (PSC) Alfredo Serrano mostró su preocupación porque en una disposición transitoria se incluyen exoneraciones al pago de multas y recargos a empresas públicas en liquidación que le deben al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

"El IESS no pertenece al gobierno de turno, pertenece a los afiliados (...) Este artículo es inconstitucional y no se lo va a resolver con una marcha contra la Corte Constitucional. No le metan la mano a los recursos de los afiliados y jubilados de este país, son sagrados", agregó Serrano.

Cuarta ley económica urgente

Esta es la cuarta ley económica-urgente enviada por Noboa que es aprobada por la mayoría oficialista del Parlamento en un plazo de apenas 30 días. Las otras tres fueron suspendidas parcialmente y de forma temporal por la Corte Constitucional, que analiza decenas de demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones de la sociedad civil y sindicatos.

Se trata de las leyes de Solidaridad, Integridad Pública e Inteligencia, en las que se concede al mandatario prerrogativas como el "indulto anticipado" a policías y militares o se crea un sistema de inteligencia que permite a agentes encubiertos con identidad falsas y obtener de las empresas de telefonía información sobre sus usuarios.

Para Noboa, estas normas son cruciales para frenar la crisis de seguridad y violencia que atraviesa el país andino, pero han sido ampliamente rechazadas por organizaciones sociales, que consideran que las mismas vulneran diversos derechos. EFE

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