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Economía

La Corte Constitucional decidirá futuro del modelo portuario privado

29/10/2025 El Oriente - Redacción

ASOTEP advierte que desmantelar el modelo pondría en peligro las exportaciones ecuatorianas

La Corte admitió la demanda presentada por Contecon Guayaquil S.A. / Foto: cortesía Cámara Marítima La Corte admitió la demanda presentada por Contecon Guayaquil S.A. / Foto: cortesía Cámara Marítima

La Corte admitió la demanda presentada por Contecon Guayaquil S.A. / Foto: cortesía Cámara Marítima

Quito- El futuro del sistema portuario privado ecuatoriano, pilar del comercio exterior nacional, está en manos de la Corte Constitucional (CC). Este organismo admitió la demanda presentada por Contecon Guayaquil S.A., concesionaria del Puerto Marítimo de Guayaquil, que busca declarar inconstitucional el modelo portuario vigente desde hace más de ocho décadas.

La Hora informó que Contecon sostiene que la Ley General de Puertos permite una “delegación ordinaria” de servicios públicos al sector privado, lo que -según la empresa- ha generado desventajas competitivas para las terminales concesionadas y ocasionado pérdidas de carga y salida de navieras. La compañía argumenta que la Constitución prioriza la gestión estatal de los servicios públicos, y solicita redefinir el modelo bajo los artículos 314, 316 y 424.

En defensa del sistema actual, la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP) presentó una posición firme ante la CC, calificando el esquema como “legal, legítimo y esencial para la economía nacional”.

Su vocero, el abogado Javier Cardoso, recordó que los operadores privados asumen el 100 % de las inversiones y riesgos, además de generar más de 16.000 empleos y aportar cerca de $ 370 millones en infraestructura y tecnología.

ASOTEP advierte que desmantelar el modelo pondría en peligro las exportaciones ecuatorianas -especialmente de banano, camarón, cacao y café- y afectaría la cadena logística nacional.

Mientras tanto, la CC ha solicitado informes a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado (PGE). Un eventual fallo en contra del actual sistema podría redefinir no solo el control portuario, sino el futuro de otras concesiones estratégicas en el país.

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