La minería ilegal de oro desplaza al narcotráfico en la Amazonía

Este fenómeno es conocido como narco-minería

El fenómeno se ha expandido con fuerza en la Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela / Foto: cortesía Ejército ecuatoriano

Quito- La minería ilegal de oro está desplazando al narcotráfico como principal motor de la economía criminal en varios países de América Latina. En Perú, este comercio ilícito ya supera ampliamente el valor de la cocaína.

Según un reportaje llevado a cabo por Tim Lister y Claudia Rebaza, de CNN, autoridades peruanas estiman que la economía del oro ilegal es siete veces más grande que el negocio de la droga.

El fenómeno, conocido como narco-minería, se ha expandido con fuerza en la Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela. La combinación de cultivos de coca y explotación aurífera ha generado un nuevo ciclo de riqueza para organizaciones criminales y redes de corrupción, impulsado por el alto precio internacional del oro y la facilidad para lavar dinero mediante la venta del metal, cuya procedencia es casi imposible de rastrear.

La región peruana de Ucayali es hoy epicentro del crecimiento de cultivos de coca y de pistas clandestinas utilizadas para el tráfico. Investigaciones recientes han identificado más de 120 aeródromos ilegales en zonas selváticas. En paralelo, la pandemia permitió la expansión acelerada de grupos criminales debido a la reducción de la presencia estatal en áreas remotas.

Organizaciones como el Comando Vermelho de Brasil, disidencias de las FARC en Colombia y bandas venezolanas controlan rutas y operaciones mineras en las zonas fronterizas. En Venezuela, según Crisis Group citado por CNN, más del 30 % de los sitios mineros en la Amazonía son ilegales, muchos administrados por grupos armados y sectores corruptos de las fuerzas militares.

Ecuador también enfrenta un repunte de violencia asociada a la minería ilegal cerca de la frontera con Perú. Grupos como los Guardianes de la Trocha han sido vinculados con asesinatos y desapariciones en campamentos mineros.

Las consecuencias ambientales y sociales son devastadoras: deforestación, contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de comunidades amazónicas. Expertos consultados por CNN advierten que la respuesta estatal es insuficiente, debilitada por la inestabilidad política y la corrupción.

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