Mauricio Pozo advierte impacto fiscal por nuevo mecanismo para fijar el precio de los combustibles

En ese contexto, estimó que el costo para las finanzas públicas podría ubicarse entre USD 500 millones y USD 1.000 millones al año

Pozo indicó que la medida protege parcialmente a los usuarios frente a incrementos bruscos de los combustibles / Foto: Captura de pantalla

Quito- El exministro de Economía Mauricio Pozo consideró que el nuevo mecanismo excepcional aprobado por el Gobierno para limitar la variación mensual de los precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y del diésel puede beneficiar a los consumidores, aunque advirtió que también implicará un costo para las finanzas públicas.

En una entrevista para Teleamazonas,, el economista explicó que el esquema modifica el sistema de bandas vigente al establecer un límite temporal de variación de hasta el 1,5 % cuando se presenten condiciones extraordinarias en el mercado internacional del petróleo.

Pozo indicó que la medida protege parcialmente a los usuarios frente a incrementos bruscos de los combustibles, pero recordó que la diferencia entre el precio internacional y el precio de venta interno deberá ser asumida por el Estado.

El exfuncionario señaló que el impacto fiscal dependerá de la evolución del precio del petróleo. Recordó que Ecuador se beneficia cuando aumenta el valor del crudo que exporta, pero también enfrenta mayores costos debido a que importa cerca del 80 % de los combustibles que consume.

A su criterio, los subsidios a los combustibles continúan vigentes, aunque el mecanismo de bandas haya reducido parcialmente su alcance. En ese contexto, estimó que el costo para las finanzas públicas, sumado a otras compensaciones estatales, podría ubicarse entre USD 500 millones y USD 1.000 millones al año, dependiendo del comportamiento del mercado internacional.

Pozo sostuvo que una solución de largo plazo pasa por avanzar hacia una mayor liberalización del mercado de combustibles y permitir una mayor participación del sector privado en la importación y almacenamiento de derivados.

Sobre el contexto político, evitó atribuir el decreto a un cálculo electoral, aunque reconoció que las decisiones económicas suelen verse condicionadas por la cercanía de los procesos electorales y por el costo político que implican reformas estructurales.

El economista también afirmó que, pese a los avances del Gobierno en materia fiscal y al respaldo de organismos multilaterales, el país mantiene un elevado déficit, atrasos en pagos y una alta dependencia del financiamiento externo. En ese sentido, consideró que el crecimiento económico proyectado para este año, de entre 2,2 % y 2,5 %, será insuficiente para resolver problemas como el desempleo y la pobreza, por lo que insistió en la necesidad de profundizar las reformas fiscales y económicas.

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