Medios especializados destacan enfoque proinversión de la ley minera de Ecuador

La reforma promete agilizar trámites y reducir incertidumbre regulatoria para inversionistas

El aspecto más destacado es la sustitución de la licencia ambiental tradicional por un sistema de “autorización ambiental” estructurado en tres niveles / Foto: cortesía MAE

Quito- La reciente reforma minera aprobada en Ecuador está siendo leída por la prensa especializada internacional como un movimiento estratégico para fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la competitividad del país frente a otros destinos de inversión en América Latina.

Portales del sector extractivo como The Northern Miner han destacado que la ley, aprobada por la Asamblea Nacional el 26 de febrero, introduce cambios estructurales en tres frentes: permisos ambientales, régimen de regalías y control de la minería ilegal.

El aspecto más destacado es la sustitución de la licencia ambiental tradicional por un sistema de “autorización ambiental” estructurado en tres niveles, según el riesgo del proyecto. Este esquema busca reducir los tiempos de tramitación, que actualmente pueden extenderse hasta dos años, sin eliminar estándares técnicos. Para el nversionista, la reducción de incertidumbre regulatoria es un mensaje clave.

Otro elemento resaltado es la redefinición del modelo de regalías, fijadas entre el 3 % y el 8 % sobre ventas, con el 60 % destinado a gobiernos locales para proyectos sociales. Este ajuste es interpretado como un intento de ordenar el flujo de ingresos y reducir tensiones territoriales mediante una distribución más clara de beneficios.

Otra de las claves de la ley es la creación de zonas mineras protegidas con presencia de fuerzas del orden es presentada como una respuesta directa al avance de la minería ilegal, fenómeno que ha escalado en los últimos años y que el propio Gobierno vincula con estructuras de crimen organizado.

En Ecuador opera actualmente con dos minas a gran escala: Fruta del Norte, gestionada por Lundin Gold, y la mina de cobre Mirador, de capital chino. El desafío será consolidar nuevos proyectos que han enfrentado obstáculos judiciales y oposición comunitaria desde el inicio de la minería industrial en 2019.

No obstante, aunque el tono predominante es favorable a la intención gubernamental de atraer capital, algunos reportes reconocen riesgos. La implementación práctica del nuevo régimen ambiental y la reacción de comunidades y grupos ambientalistas serán determinantes para evitar un nuevo ciclo de litigios.

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