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Minería ilegal de oro mueve más de $ 1.000 millones al año en Ecuador

30/10/2025 El Oriente - Redacción

Informe internacional alerta que el país se consolida como foco del oro ilícito en América Latina

Napo es una de las provincias más afectadas por la minería ilegal / Foto: cortesía Arcom Napo es una de las provincias más afectadas por la minería ilegal / Foto: cortesía Arcom

Napo es una de las provincias más afectadas por la minería ilegal / Foto: cortesía Arcom

Quito- La minería ilegal de oro en Ecuador se ha convertido en una de las economías ilícitas de mayor crecimiento en la región, según el informe ‘Addressing Illegal Gold Mining in the Western Hemisphere’, elaborado por la FACT Coalition y el Wilson Center. El documento estima que esta actividad mueve más de $ 1.000 millones anuales, cifra que coloca al país como un nuevo foco del oro ilegal en América Latina.

El estudio identifica que las operaciones se concentran principalmente en la Amazonía y en provincias del norte andino, donde grupos delictivos como Los Lobos y Los Choneros controlan y financian la extracción, el transporte y la comercialización del metal. Estas redes utilizan maquinaria pesada, financiamiento externo y canales logísticos similares a los del narcotráfico, combinando violencia con estructuras empresariales que aparentan legalidad.

Gran parte del oro ecuatoriano se exporta en forma de concentrado a China y Estados Unidos, un formato que dificulta el control aduanero y la trazabilidad del metal. Según el informe, esta modalidad permite que el oro ilícito se mezcle con producción formal y se inserte en los circuitos globales sin verificación efectiva de origen.

El impacto ambiental y social de esta actividad es significativo: deforestación, contaminación por mercurio y desplazamiento de comunidades locales. El reporte advierte que, sin un control más estricto, Ecuador podría replicar las dinámicas observadas en Perú y Colombia, donde la minería ilegal ya supera en ingresos a otras economías criminales.

La FACT Coalition recomienda fortalecer la supervisión aduanera, la cooperación internacional y los mecanismos de trazabilidad. También exhorta articular respuestas entre los sectores minero, ambiental y financiero para frenar el avance de una industria que amenaza con consolidarse como uno de los principales motores del crimen organizado en el país.

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