Un conflicto social alrededor de un proyecto minero no necesariamente termina cuando una operación queda bloqueada o una empresa pierde el acceso a sus instalaciones. En determinadas circunstancias, sus consecuencias pueden trasladarse a otro ámbito: el de las controversias internacionales entre inversionistas y Estados.
Ese es uno de los puntos que plantea un análisis de la firma canadiense Cassels Brock & Blackwell LLP, elaborado por la abogada Brenda C. Swick, a propósito del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Ecuador y Canadá el pasado 24 de julio.
El acuerdo todavía debe ser ratificado por ambos países antes de entrar en vigor. Una vez vigente, incorporará un capítulo de inversiones y un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS), que permitirá a determinados inversionistas presentar reclamaciones ante tribunales arbitrales internacionales cuando consideren que se han incumplido las obligaciones establecidas en el tratado.
Para el sector minero, el mecanismo adquiere particular relevancia. Los proyectos requieren grandes inversiones, largos períodos de desarrollo y una interacción permanente con autoridades, comunidades y otros actores del territorio.
En ese contexto, Cassels señala que los riesgos para una inversión no necesariamente surgen de una expropiación directa o de la cancelación de una concesión. Un conflicto social prolongado, restricciones de acceso al proyecto o una protección estatal considerada insuficiente también pueden, dependiendo de las circunstancias, afectar sustancialmente el valor de una inversión.
@@articulo_relacionado_59382@@
El precedente de Perú
El análisis utiliza como referencia un caso reciente relacionado con una empresa minera canadiense en Perú.
Lupaka Gold Corp. perdió el control de su proyecto aurífero Invicta después de una serie de bloqueos y la ocupación del sitio minero. La empresa llevó el caso a un arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.
En junio de 2025, el tribunal arbitral determinó que Perú había incumplido determinadas obligaciones previstas en el tratado, relacionadas, entre otros aspectos, con el trato justo y equitativo, la protección y seguridad de la inversión y la prohibición de una expropiación ilegal.
El tribunal concedió a Lupaka aproximadamente USD 40,4 millones en daños, además de intereses y el reembolso de costos y gastos legales.
Para Cassels, el caso resulta relevante porque muestra que las controversias internacionales en minería no se limitan a decisiones gubernamentales que cancelan una concesión o expropian directamente un proyecto. También pueden surgir cuando circunstancias vinculadas con un conflicto social terminan deteriorando de manera significativa una inversión y el Estado no cumple determinadas obligaciones de protección previstas en un tratado.
Una nueva variable para Ecuador
El planteamiento adquiere relevancia para Ecuador por la presencia de inversiones mineras canadienses y por los conflictos sociales que han acompañado a algunos proyectos.
El nuevo acuerdo no significa que cualquier conflicto comunitario pueda convertirse automáticamente en un arbitraje internacional. La propia Cassels señala que la aplicación de las protecciones dependerá de las condiciones del tratado y de las circunstancias particulares de cada disputa.
Sin embargo, introduce una variable que el Estado y las empresas deberán considerar: la gestión de un conflicto minero no solo puede tener consecuencias sociales, operativas o reputacionales; en determinadas circunstancias, también puede adquirir una dimensión jurídica y económica internacional.
Con el TLC todavía pendiente de ratificación, esa posibilidad abre una nueva discusión sobre cómo Ecuador gestiona los conflictos alrededor de sus proyectos mineros y sobre el costo que puede tener, para todas las partes, dejar que una disputa territorial se prolongue sin una salida.
