Municipio de Quito niega indicios de delito penal en compra de trolebuses

Aquel proyecto se llevó a cabo con ayuda de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

La EPMTPQ adquirió 60 trolebuses a la empresa china Yutong / Foto: cortesía EPMTPQ

Quito- La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), dependiente del Municipio, negó este miércoles los posibles indicios de delito penal en la compra de trolebuses eléctricos a la empresa china Yutong señalados en el informe de la Contraloría de Ecuador.

Aquel proyecto, en el que se adquirieron 60 trolebuses, se llevó a cabo con ayuda de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), la agencia de la ONU especializada en proyectos, adquisiciones y obras públicas.

"El proceso de compra se ejecutó con total transparencia, a menor costo que el presupuesto referencial, amparada en el marco jurídico nacional y bajo el liderazgo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops)", detallaron en un comunicado.

Destacaron que el informe del órgano carece de sustento técnico y legal y que no se tuvieron en cuenta todos los "contundentes justificativos" que la empresa presentó.

Por ello, y por "responsabilidad con Quito y su gente", la empresa pública anunció que "ejercerá su legítimo derecho a la defensa en ámbitos nacionales e internacionales", aunque no añadió más detalles al respecto.

Su pronunciamiento se produce después de que la Contraloría de Ecuador informase este miércoles que hay indicios de presunta responsabilidad penal en el proceso de compra de los 60 trolebuses eléctricos por valor de 35,3 millones de dólares.

Los hallazgos serán remitidos a la Fiscalía para que investigue el caso.

La auditoría también sugiere posibles responsabilidades administrativas por valor de 79.000 dólares y civiles por 2,5 millones de dólares.

La tesis de la Contraloría es que la compra no se hizo ajustándose a las reglas de la ley ecuatoriana al considerar que los trolebuses son bienes que deben adquirirse mediante una subasta inversa, un proceso competitivo y obligatorio según la norma de contratación pública. EFE

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