Noboa acusa a GAD de inflar nóminas con correístas y defiende límite al gasto corriente

Sostuvo que exfuncionarios del gobierno central habrían sido contratados en municipios y prefecturas

Según explicó, la regla de 70% para inversión y 30% para gasto corriente ya estaba contemplada en la legislación / Foto: cortesía

Quito- El presidente Daniel Noboa defendió la reciente normativa que refuerza la proporción de gasto en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y sostuvo que el objetivo es reducir el peso del gasto corriente para priorizar inversión en obra pública. Según explicó, la regla de 70% para inversión y 30% para gasto corriente ya estaba contemplada en la legislación y, a su juicio, busca evitar que los municipios y prefecturas destinen la mayor parte de sus recursos a nómina.

En ese contexto, Noboa afirmó que, especialmente después de 2016, varias administraciones locales inflaron sus plantillas con personas vinculadas al correísmo. Sostuvo que exfuncionarios del gobierno central habrían sido contratados en municipios y prefecturas, lo que elevó el gasto corriente hasta niveles que, según dijo, en algunos casos llegan al 90%. Aseguró que parte de esas contrataciones responderían a compromisos políticos y no a necesidades técnicas.

El mandatario señaló que no está en contra de la contratación de maestros, gestores culturales o personal que brinde servicios directos a la ciudadanía, pero diferenció esos cargos de lo que denominó “pipones” o militantes que, en su versión, no cumplirían funciones efectivas. “Prefiero que contraten 5.000 maestros a 5.000 pipones”, expresó.

Noboa también comparó la situación actual con administraciones municipales pasadas, como las de Jaime Nebot en Guayaquil y Paco Moncayo en Quito, que, de acuerdo al mandatario, mantuvieron la proporción 70/30 e incluso 75/25, lo que les permitió sostener obra pública aun en momentos de tensión con el gobierno central.

El presidente reconoció que existen demandas en contra de la ley ante la Corte Constitucional, pero afirmó que la reforma no altera principios ya establecidos y que su finalidad es asegurar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a inversión y mejora de servicios, en lugar de expandir estructuras administrativas.

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