Noboa redefine reglas de la minería en Ecuador

Desde ahora, todos los concesionarios están obligados a cubrir la totalidad de su demanda energética

La medida impacta directamente en la planificación de inversiones y en la forma en que operan los proyectos mineros en todas sus fases / Foto: cortesía Cámara Marítima del Ecuador

Quito- El Gobierno de Daniel Noboa redefinió el marco regulatorio de la minería en Ecuador con la expedición del Decreto Ejecutivo 273. Esta norma introduce cambios sustanciales en materia energética, fiscal, de control y de operación. La medida impacta directamente en la planificación de inversiones y en la forma en que operan los proyectos mineros en todas sus fases.

Uno de los ajustes más relevantes se da en el ámbito eléctrico. Desde ahora, todos los concesionarios están obligados a cubrir la totalidad de su demanda energética mediante sistemas de generación propios, sin excepciones ni dependencia del sistema público. La autosuficiencia eléctrica pasa a ser un requisito operativo, lo que obliga a incorporar infraestructura energética desde el diseño de los proyectos y reduce la presión de la minería sobre la red nacional.

En el frente fiscal, el decreto modifica la metodología para calcular las regalías mineras. Se establecen criterios diferenciados según el tipo y tamaño de la operación y se precisan las bases de cálculo. Para minerales estratégicos como el oro y la plata, la regalía se determinará sobre el ingreso neto efectivo del mineral principal, con el fin de evitar distorsiones contables y mejorar la recaudación. Una norma técnica deberá detallar, en los próximos meses, los costos deducibles y sus límites.

Otro de los cambios en el decreto es endurecer los controles sobre la comercialización de minerales. El registro en la UAFE se convierte en un requisito indispensable, acompañado de exigencias de patrimonio mínimo, como parte de una estrategia para combatir el lavado de activos y la minería ilegal.

Además, se refuerza el rol de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que amplía sus facultades de fiscalización y sanción. Los concesionarios deberán denunciar actividades ilegales dentro de sus áreas, bajo riesgo de asumir responsabilidad ambiental objetiva.

Finalmente, la norma ajusta los plazos de exploración y envía una señal clara contra la retención especulativa de concesiones, al establecer causales de extinción automática. Con este paquete de reformas, el Ejecutivo busca ordenar el sector, fortalecer el control estatal y dar mayor previsibilidad a una actividad clave para la economía ecuatoriana.

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