El sector empresarial de medicina prepagada asegura que el veto presidencial sobre el proyecto de ley que regula a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y las de seguros que cubren asistencia médica podría “generar efectos negativos” y alertan de una posible catástrofe en su sector.

Lo anuncian cuando la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea se alista mañana a tratar ese veto y realizar el informe no vinculante, según su vicepresidente, Carlos Velasco.

Ese veto incluyó una reforma a la disposición general quinta que indica que dichas empresas “deberán cancelar o reembolsar a la institución de la Red Pública Integral de Salud los montos que por atenciones médicas en sus unidades se hayan efectuado a personas que también sean titulares o beneficiarios del seguro privado hasta el monto contratado”. Esa norma dice también que si los pacientes han sido derivados del sector público al privado, la aseguradora deberá pagar el costo a las entidades privadas.

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