El procurador general, Diego García, comparece desde ayer, en París, en la audiencia relativa a la etapa de daños dentro de la demanda arbitral interpuesta por la compañía Perenco contra el Estado ecuatoriano, la cual reclama $ 440 millones.
García representa al país en esta etapa de daños con una expresa reserva de los derechos que le asisten al Estado. Considera que el laudo de responsabilidad dictado por el Tribunal del Ciadi de manera previa a este proceso en París es el resultado de una “indebida aplicación del derecho internacional y el derecho ecuatoriano”.
Invocando el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Ecuador y Francia (suscrito en 1994, en el gobierno de Sixto Durán-Ballén), Perenco planteó en abril de 2008 una demanda arbitral bajo las reglas del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en contra del Estado, por la aplicación de la Ley 42 promulgada en 2006, y por la posterior declaración de caducidad de los bloques 7 y 21, que tenía en consorcio con Burlington.
Mediante dicha Ley 42 se estableció que las compañías petroleras debían pagar al Estado un porcentaje (primero de 50% y luego de 99%) sobre las ganancias extraordinarias que percibieran debido a los altos precios del petróleo, y que no estaban previstas ni reguladas en los contratos de participación suscritos con el país.
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