Arturo P. es uno de los sentenciados por cohecho en la presunta red de corrupción en la empresa estatal Petroecuador.
Fue detenido en octubre del 2016 en Panamá y el 9 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia de ese país ratificó la autorización para realizar su extradición al Ecuador, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado.
La justicia panameña declaró no fundamentadas las objeciones de la defensa del sentenciado por lo que se mantiene en pie la solicitud de extradición que presentó Ecuador el pasado 18 de noviembre.
Según las investigaciones de la Fiscalía ecuatoriana, Arturo P. era propietario de la empresa MMR Group, una de la empresas contratistas de Petroecuador.
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