Paros de 2019 y 2022 dejaron pérdidas por $ 1.937 millones

Comercio y energía figuran entre los sectores más afectados

El paro de la Conaie en junio 2022 duró 18 días / Foto: cortesía Wambra Medio Comunitario

Quito- Los antecedentes de conflictividad social en Ecuador tienen un peso económico claro: las paralizaciones nacionales de 2019 y 2022 provocaron pérdidas cercanas a los $ 1.937 millones, de acuerdo con cifras oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE). La magnitud de los daños, así como la concentración de los impactos en sectores estratégicos, se ha convertido en un referente para inversionistas y analistas que hoy miran con inquietud la convocatoria de un nuevo paro.

En octubre de 2019, las movilizaciones contra la eliminación del subsidio a los combustibles se extendieron por 12 días. El BCE estimó pérdidas en $ 821,7 millones. El comercio fue el sector más golpeado, con $ 196,6 millones (24 % del total), seguido por energía e hidrocarburos, turismo, industria y transporte. Este episodio marcó el inicio de un ciclo de tensiones recurrentes en torno a los subsidios, considerados históricamente un detonante de protestas.

Tres años después, en junio de 2022, un nuevo paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se prolongó durante 18 días. El impacto fue aún mayor: $ 1.115,4 millones en pérdidas. En esta ocasión, los sectores más afectados fueron energía e hidrocarburos ($ 330 millones), comercio ($ 318 millones) e industria ($ 227 millones), además de agricultura y turismo. El costo económico reflejó tanto la duración más extensa como el nivel de confrontación alcanzado.

En conjunto, los dos paros significaron pérdidas de $ 1.937 millones, una cifra equivalente a cerca del 1,8 % del PIB de esos años. El patrón es evidente: comercio y energía son los sectores más expuestos, mientras turismo, transporte e industria también resultan golpeados de forma significativa.

Con la memoria de estos episodios aún fresca, la sola convocatoria de nuevas protestas genera inquietud en los agentes económicos locales. Cada día de paralización implica pérdidas millonarias y aumenta la tensión política en un contexto en que Ecuador intenta consolidar un ajuste fiscal, recuperar la confianza de los inversionistas y sostener la estabilidad económica.

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