Petróleo y minería: el balance del primer año de Noboa en sectores estratégicos

El Gobierno enfrentó caída de producción petrolera, retrasos regulatorios y cuestionamientos desde la industria y sectores ambientales

En minería, el Gobierno mantuvo una postura favorable a la expansión del sector y al ingreso de capital extranjero / Foto: cortesía CME

Durante su primer año de gestión, el gobierno de Daniel Noboa colocó al petróleo y la minería entre las principales prioridades de su estrategia económica, con una agenda enfocada en atraer inversión privada, incrementar exportaciones y fortalecer el ingreso de divisas al país.

La administración promovió reformas para incentivar la participación del sector privado en áreas estratégicas y anunció proyectos destinados a reactivar sectores considerados claves para la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico.

En el sector hidrocarburífero, el Gobierno presentó una hoja de ruta con decenas de proyectos petroleros y metas de incremento de producción. Petroecuador proyectó elevar la extracción nacional mediante perforación de nuevos pozos, reactivación de campos y optimización operativa. Entre las metas anunciadas estuvo alcanzar una producción cercana a 370.000 barriles diarios solo en Petroecuador durante 2026.

La estatal también anunció campañas de perforación para aumentar la oferta exportable y mejorar ingresos aprovechando los precios internacionales del crudo. Según Petroecuador, el plan incluía inversiones millonarias, reacondicionamiento de pozos y ampliación de operaciones en campos estratégicos de Sucumbíos, Napo y Orellana.

El Gobierno también anunció la reactivación del campo gasífero Amistad, en el Golfo de Guayaquil, con la meta de duplicar la producción de gas natural y reducir importaciones de diésel destinadas a generación eléctrica.

Sin embargo, el balance petrolero del primer año de gestión también estuvo marcado por dificultades operativas y cuestionamientos sobre el cumplimiento de metas.

A esto se sumaron efectos derivados del proceso de cierre progresivo del bloque ITT-Yasuní, aprobado en consulta popular, así como tensiones relacionadas con seguridad y mantenimiento en zonas de operación petrolera.

Minería: expectativas de inversión y reclamos por regulación

En minería, el Gobierno mantuvo una postura favorable a la expansión del sector y al ingreso de capital extranjero, especialmente en proyectos de cobre y oro impulsados por el aumento de la demanda internacional de minerales estratégicos.

La administración anunció la futura reapertura del catastro minero, considerado clave para nuevas concesiones y una demanda histórica de empresas y cámaras del sector. No obstante, el proceso todavía no se concreta plenamente y continúa pendiente de implementación operativa.

El Ejecutivo también promovió reformas orientadas a agilizar permisos e incentivar inversiones en exploración y explotación minera.

Sin embargo, parte de la industria cuestionó que, pese al discurso proinversión del Gobierno, durante el último año se mantuvieron e impulsaron nuevas cargas regulatorias y tasas vinculadas a supervisión y control minero.

Entre las medidas más criticadas estuvieron las tasas de fiscalización impulsadas por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), que generaron cuestionamientos de empresas y gremios por el incremento de costos operativos en proyectos de exploración y producción.

Las empresas también expresaron preocupación por la continuidad del pago de patentes de conservación minera en medio de retrasos administrativos, lentitud en permisos y falta de reapertura efectiva del catastro.

Para parte de la industria, existe una contradicción entre la narrativa oficial de apertura minera y las dificultades regulatorias que aún enfrenta el sector.

En paralelo, el contexto internacional incrementó el interés sobre proyectos ecuatorianos debido al crecimiento de la demanda de cobre, utilizado en vehículos eléctricos, redes energéticas, inteligencia artificial y centros de datos.

Ese escenario ha fortalecido el interés de empresas extranjeras por proyectos ubicados principalmente en la Amazonía y el sur andino.

No obstante, la expansión extractiva también generó cuestionamientos de organizaciones indígenas, comunidades locales y sectores ambientalistas.

Las críticas se concentraron en temas relacionados con consulta previa, impactos ambientales, presión sobre territorios amazónicos y conflictos sociales asociados tanto a minería legal como ilegal.

Además, el avance de economías ilícitas vinculadas a extracción ilegal de minerales continuó representando uno de los principales desafíos de seguridad en zonas mineras del país.

A un año de gestión, el balance del Gobierno en petróleo y minería refleja una política orientada a fortalecer la actividad extractiva como motor económico y fiscal, aunque todavía marcada por resultados parciales, tensiones regulatorias y desafíos estructurales que siguen condicionando el desarrollo del sector.

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