Sacha y el nuevo marco con Estados Unidos: fin de las adjudicaciones directas

El campo Sacha queda en el centro de una transformación que limita los procesos discrecionales y redefine las reglas del juego

Sacha no solo representa producción petrolera, sino una prueba de credibilidad para el país / Foto: cortesía Petroecuador

Quito- El reciente Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) entre Ecuador y Estados Unidos introduce un cambio estructural en la forma en que el país deberá gestionar sus proyectos estratégicos. Más allá de los beneficios arancelarios, el punto crítico está en la obligación de implementar licitaciones públicas abiertas para sectores como el petrolero, eléctrico y minero. En este nuevo escenario, el campo Sacha, uno de los activos más valiosos del país, queda en el centro de una transformación que limita los procesos discrecionales y redefine las reglas del juego.

El compromiso asumido implica que cualquier intento de concesionar Sacha deberá realizarse mediante concursos internacionales transparentes. Esto elimina, en la práctica, la posibilidad de adjudicaciones directas a empresas estatales extranjeras, un mecanismo que en años anteriores permitió negociaciones rápidas pero cuestionadas por su opacidad. El caso más reciente ocurrió en 2025, cuando se intentó entregar el campo a un consorcio con participación china sin éxito, evidenciando tanto riesgos financieros como debilidades en la ejecución.

El nuevo marco responde también a una lógica geopolítica. Estados Unidos busca asegurar condiciones equitativas para sus empresas y, al mismo tiempo, contrarrestar la creciente presencia de China en sectores estratégicos de la región. Para Ecuador, esto significa abrir el mercado bajo reglas más estrictas, pero también más previsibles. La transparencia deja de ser opcional y pasa a ser un requisito para mantener los beneficios del acuerdo comercial.

Sin embargo, este cambio no es necesariamente una solución automática. Los procesos de licitación son más largos, complejos y demandan una planificación técnica sólida. Sin una estrategia clara, el país corre el riesgo de retrasar inversiones clave en un contexto de necesidades fiscales urgentes. Además, atraer operadores de alto nivel requerirá condiciones contractuales competitivas, seguridad jurídica y claridad sobre el uso de los anticipos financieros.

El punto débil del debate actual es la falta de definición sobre los objetivos concretos de esta apertura. No basta con abrir licitaciones; es indispensable establecer qué tipo de inversión se busca, cómo se garantizará la eficiencia operativa y de qué manera estos recursos impactarán en la economía nacional.

Sacha no solo representa producción petrolera, sino una prueba de credibilidad para el país. Si Ecuador no logra estructurar un proceso técnico, transparente y bien diseñado, el cambio normativo podría convertirse en una oportunidad desperdiciada en lugar de una mejora real.

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