Suspensión de Revolución Ciudadana genera disputa legal entre Fiscalía y Tribunal Electoral

La medida se basa en una investigación por presunto lavado de activos vinculada al denominado caso Caja Chica

Esta disposición, vigente desde abril de 2009, fue activada tras una notificación enviada al TCE el pasado 4 de marzo / Foto: cortesía

Quito- La suspensión del movimiento político Revolución Ciudadana (RC) del registro electoral abrió un complejo debate jurídico entre la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en medio de una investigación por presunto lavado de activos relacionada con el denominado caso Caja Chica.

La decisión se sustenta en el artículo 374 del Código de la Democracia, que permite suspender hasta por 24 meses a partidos o movimientos políticos cuando la Fiscalía realiza una investigación por lavado de activos que involucre a una organización política. Esta disposición, vigente desde abril de 2009, fue activada tras una notificación enviada al TCE el pasado 4 de marzo.

En ese documento se informó sobre una investigación previa contra ocho personas vinculadas al movimiento, a quienes se investiga por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. La hipótesis fiscal señala que se habrían recibido recursos en efectivo provenientes de Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.

Con base en esa comunicación, el juez electoral Joaquín Viteri dispuso la suspensión temporal de la organización. El periodo de la medida coincide con etapas clave del calendario electoral para las elecciones seccionales de 2027, lo que podría impedir que el movimiento inscriba candidaturas en ese proceso.

Desde la dirigencia de Revolución Ciudadana se cuestiona la legalidad de la resolución. Su presidenta, Gabriela Rivadeneira, sostiene que se trata de una persecución política y ha denunciado una supuesta intervención del gobierno en las instituciones judiciales y electorales.

El equipo jurídico del movimiento argumenta que la suspensión carece de sustento porque la investigación fiscal no está dirigida contra la organización política como persona jurídica, sino contra individuos específicos. Además, señalan que el proceso se abrió por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, lo que no encaja de manera directa en las causales previstas por la normativa electoral.

Otro de los cuestionamientos apunta a la formalidad del pedido presentado ante el TCE. La defensa sostiene que la solicitud debía estar firmada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón. Sin embargo, el oficio remitido al tribunal lleva la firma de la fiscal Judith Bonilla, integrante de la Unidad de Fuero de Corte Nacional.

En su resolución, el juez electoral reconoció que la legislación no establece un procedimiento específico para tramitar este tipo de casos, por lo que el desarrollo del proceso dependerá en gran medida de la evolución de la investigación fiscal.

Mientras la investigación previa se mantenga reservada, los plazos en el Tribunal Electoral quedan suspendidos y la organización política no puede ejercer plenamente su defensa. Según la normativa penal, esta etapa puede extenderse hasta dos años.

Ante este escenario, Revolución Ciudadana anunció que presentará recursos legales para revertir la decisión y que acudirá también a instancias internacionales. Paralelamente, el movimiento analiza alternativas para participar en las elecciones de 2027 mediante alianzas con otras organizaciones políticas.

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