El perjuicio a Petroecuador es considerable. Más de 113 millones de dólares por pagos sin sustento, contratos complementarios innecesarios, servicio cancelado no ejecutado, no evaluación de precios o valores duplicados.
Lo estableció la Contraloría tras practicar 16 exámenes especiales a contrataciones y pagos efectuados por la estatal. También hizo 12 auditorías a las declaraciones patrimoniales de exfuncionarios y encontró montos no justificados.
Los sospechosos son supervisores, coordinadores y administradores de contratos, subgerentes de proyectos, fiscalizadores, gerentes de refinación, jefes de servicios administrativos, subgerentes de compras, entre otros funcionarios.
¿Qué delitos se presumen? Según el organismo de control, los examinados son sospechosos de presunto peculado. Es la figura penal que más se repite en los documentos. El delito se tipifica en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se castiga con cárcel de entre 10 y 13 años.
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