Seguridad y Fronteras

Un polvorín llamado Sucumbíos

21/10/2019 Plan V

Foto: Facebook Radio Sucumbíos El 3 de octubre la provincia de Sucumbíos fue una de las primeras en registrar conflictos por la anunciada eliminación del subsidio a los combustibles.  En Lago Agrio (foto) los manifestantes se tomaron las calles de la ciudad.

Foto: Facebook Radio Sucumbíos El 3 de octubre la provincia de Sucumbíos fue una de las primeras en registrar conflictos por la anunciada eliminación del subsidio a los combustibles. En Lago Agrio (foto) los manifestantes se tomaron las calles de la ciudad.

Con la toma de la estación de bombeo del SOTE, el cierre de las vías estratégicas para la actividad petrolera y la toma de decenas de pozos, el paro evidenció la vulnerabilidad del corazón económico del Estado ecuatoriano. Sin inteligencia, ni control de fronteras; sin planes de seguridad y defensa y sin diálogo con las comunidades, la zona es un polvorín a punto de estallar.

1. La toma de la estación de bombeo

La noche del lunes 7 de octubre, unos cien encapuchados, entre ellos gente con el rostro descubierto, se tomaron la estación Lago Agrio 1, de la estatal Petroamazonas, la operadora más grande de la Amazonía. Con cuchillo en mano y piedras amedrentaron a los pocos guardias desarmados que custodiaban el corazón económico del Ecuador y luego el centro de control de las operaciones de bombeo de crudo por el SOTE. Amenazaron a los técnicos que estaban en los controles y les ordenaron que apaguen las bombas. Estos les advirtieron que hacerlo de golpe causaría un grave daño a los motores. Apagarlos era un proceso técnico que requería que primero se dejara de bombear desde los pozos. No valieron los argumentos, y los asaltantes obligaron espichar el botón.  Dos comandos tácticos de la Policía y de la Fuerza Terrestre recuperaron la estación luego de una paralización de dos horas, en las cuales se perdieron 1.7 millones de dólares en dos horas de paralización y tomó más de 24 horas volver a bombear el crudo. 

Fueron capturadas 158 personas, y cuando se pidió a la Fiscalía provincial que actuara, los fiscales se negaron a hacerlo; la propia fiscal general, Diana Salazar tuvo que intervenir.  Tantos detenidos en un acto de paralización de esta naturaleza, con la ciudad de Lago Agrio en plena ebullición, lo cual requería ingentes recursos policiales, hacía muy problemática su custodia. La mayoría de los asaltantes recuperó la libertad, pero nueve, que fueron reconocidos permanecieron detenidos, con orden de la fiscalía, por la jefatura de Policía de la provincia de Sucumbíos. Fueron el asambleísta Yofre Poma; el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez; el concejal de Lago Agrio, Víctor Burbano; el comunicador, José Gómez, y además Gonzalo Villamil, Cesar Pachacama, Steven Torres, Carlos Chacha y Jenny Rodríguez. Pero la población no dejaba sacar a la gente. De inmediato, a través de las redes sociales se lanzaron fotografías de indígenas capturados por policías, bajo el mensaje de que ese instante la policía tenía retenidos a dirigentes indígenas y los estaba torturando. La foto era real, pero de hace tres años, en una de las constantes tomas de pozos petroleros en la zona. Así que el comandante policial envió una caravana falsa con el mensaje (falso) de que ahí iban los detenidos. Cuando los manifestantes se dieron cuenta, ya los detenidos habían sido conducidos hasta las instalaciones de la FAE en el aeropuerto. Como se les había retirado los celulares, no había posibilidad de que alguien se enterara de donde estaban. Pero se enteraron. 


Yofre Poma (mirando hacia la cámara, de camisa blanca) está acusado, junto a otras 8 personas, de paralización de servicios públicos, de acuerdo a los cargos que ha presentado la Fiscalía General. En la foto, durante la audiencia de formulación de cargos, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Foto: Diario Expreso

El alcalde de Lago Agrio empezó de inmediato a llamar a marchas por la liberación de los detenidos. Los manifestantes rodearon el comando de policía. Los detenidos permanecían en las instalaciones de la Fuerza Aérea del Ecuador, FAE, en el aeropuerto de Lago Agrio. Esa madrugada, de emergencia, se pidió a la FAE que enviaran un avión para llevar a los detenidos a Quito, ya que la población amenazaba con liberarlos. La Fuerza Aérea confirmó la llegada de un Twin a las 9H00 y el despegue de inmediato para el otro día, pero la noche, para la policía y los efectivos militares que custodiaban a los presos iba a ser larga. Con la presión de la gente encima, que exigía su liberación, el jefe policial dispuso que varios de sus hombres custodiaran a los detenidos. El lugar donde estaban, se suponía, era reservado, pero por varios mensajes a su teléfono avisaron al oficial que los pobladores estaban al tanto de la ubicación. Comprendió que había una filtración, así que retiró los celulares a todos los policías que estaban custodiando, y los puso en una bolsa de tela. Solo mantuvo su celular y de otra persona de confianza. Yofre Poma, el diputado, reclamó al jefe policial porque los celulares de los detenidos también fueron incautados. No me permitió hacer una llamada, le reclamó y le dijo que no había respetado sus derechos, y le habría dicho que esto no se quedaría así, que su gente los rescataría y que se atuviera a las consecuencias. Siempre estuvieron seguros de que serían liberados por los manifestantes. Permanecieron esa noche en la FAE de Lago Agrio hasta que el Twin de la Fuerza Aérea aterrizó en Lago, entonces los detenidos se dieron cuenta de que su traslado era inevitable y se pusieron a orar.

COMPRENDIÓ QUE HABÍA UNA FILTRACIÓN, ASÍ QUE RETIRÓ LOS CELULARES A TODOS LOS POLICÍAS QUE ESTABAN CUSTODIANDO, Y LOS PUSO EN UNA BOLSA DE TELA. SOLO MANTUVO SU CELULAR Y DE OTRA PERSONA DE CONFIANZA.

 

 

 

 

 

El pequeño avión con capacidad para 16 pasajeros despegó hasta Quito llevando a los detenidos. Las evidencias, como eran los videos, fotografías y declaraciones, también fueron enviadas a la Fiscalía General, que ese 8 de octubre, a las cinco de la tarde instaló la audiencia para levantar cargos en contra de quienes asaltaron y cerraron la principal estación de bombeo de Preoamazonas. "Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador", señala el escrito. Según los cargos presentados por la  Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y diecinueve minutos. Esto implicó la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme lo determina la Constitución de Ecuador, "ocasionando un perjuicio económico al Estado de 1.723.918,72 dólares". Entre los elementos de convicción presentados constaba un informe que indicaba que durante la paralización no se bombearon 31.286 barriles de crudo.

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