Una consulta popular sobre minería se perfila en Quito para 2023

El colectivo ‘Quito Sin Minería’ presentó 380.000 firmas al CNE para incluir la pregunta en las elecciones del próximo año.

El colectivo ‘Quito Sin Minería’ presentó 380.000 firmas al CNE para incluir la pregunta en las elecciones del próximo año / Foto: cortesía

El colectivo ‘Quito Sin Minería’ entregó el 24 de octubre de 2022 las firmas para impulsar la consulta popular en contra de la minería en el Chocó Andino.

Según el colectivo, se entregaron 380.000 firmas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), con lo cual se da un paso clave para la consulta popular con el fin de prohibir la actividad minera metálica en el Distrito Metropolitano de Quito y en el Chocó Andino. El CNE tiene un plazo de 15 días para el conteo y dar una respuesta a esta iniciativa.

El requisito era presentar 198.000 rúbricas, pero el colectivo decidió incluir más “para cubrirse” de posibles inconvenientes.

Para la recolección de firmas se sumaron varios artistas capitalinos y diversos grupos ambientalistas. En diversos locales comerciales se recolectaron las firmas y también se promocionó su causa a través de vallas publicitarias con mensajes de salvar al Chocó Andino.

La denominada Mancomunidad del Chocó Andino incluye seis parroquias: Nono, Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito y Calacalí, donde hay, de momento, 12 concesiones mineras, según los activistas. Una vez verificadas las firmas, el CNE tendrá 45 días de plazo para llamar a las urnas. La fecha podría coincidir con las elecciones seccionales 2023.

Según la Cámara de Minería del Ecuador (CME), en la zona del Chocó Andino actualmente se realizan actividades de prospección, es decir una exploración previa del proyecto Rumiñahui, del que, según estimaciones, se obtendrá oro y cobre. La empresa minera canadiense Salazar Resources es la que ha explorado la zona en búsqueda de minerales.

Desde el sector privado se ha mencionado que la consulta popular puede afectar a la atracción de inversiones para el sector. La situación puede marcar un precedente negativo y dar señales en contra de la seguridad jurídica del país.