Viviendas y oficinas de funcionarios judiciales fueron allanadas en Manabí

Los allanamientos se ejecutaron a funcionarios de la Corte Provincial de Manabí

La investigación se inició en agosto de 2024 / Foto: cortesía Fiscalía General

Quito- La Fiscalía y la Policía de Ecuador allanaron este martes viviendas y oficinas de funcionarios judiciales en la provincia costera de Manabí, en el marco de investigaciones por presunta delincuencia organizada.

En el denominado caso 'Narcotentáculos' se ejecutaron durante la madrugada allanamientos simultáneos en oficinas y domicilios de funcionarios judiciales de la Corte Provincial de Manabí, informó el Ministerio Público en sus redes sociales.

La investigación se inició en agosto de 2024 luego de haber recibido los testimonios anticipados de dos exjueces sentenciados dentro del llamado caso 'Plaga', que también versó sobre delincuencia organizada.

La Fiscalía apuntó que mediante acto urgente se solicitaron las órdenes de allanamiento para incautar evidencias relacionadas con la presunta comisión del delito de delincuencia organizada.

Origen patrimonial

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, ha insistido en la necesidad de concretar una "depuración exhaustiva" de jueces y fiscales, tras polémicos fallos a favor de delincuentes capturados por la Policía.

Ecuador, que atraviesa una crisis de inseguridad, se encuentra desde inicios de 2024 bajo el 'conflicto armado interno' declarado por el presidente, Daniel Noboa, para contrarrestar la escalada de violencia atribuida al crimen organizado, dedicado principalmente al narcotráfico y que ha llevado al país a figurar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.

El Gobierno de Ecuador ha catalogado a las bandas criminales como grupos "terroristas", y ha declarado sucesivos estados de excepción para facilitar las operaciones conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas contra estas estructuras delictivas.

En otro ángulo del combate a la inseguridad, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció que analizará el origen patrimonial y la licitud del origen de fondos de todos los jueces, fiscales y sus entornos que otorguen medidas procesales sustitutivas a la prisión o que dejen en libertad a secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes y otros criminales.

Según Reimberg, estas actuaciones han hecho que la Policía "en innumerables casos" tenga que capturar "hasta en diez ocasiones al mismo criminal".

"Las economías criminales mantienen a flote sus estructuras, extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales, de los que se benefician para lograr la impunidad. Esto se acabó, no lo permitiremos más", advirtió la semana pasada el ministro del Interior. EFE

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