Yasunidos demandó al Gobierno por seguir extrayendo crudo en el Yasuní

Pidieron además la destitución de altos funcionarios por el incumplimiento de la consulta popular

Las reservas petroleras del Bloque 43-ITT se estimaban en más de 13.000 millones de dólares / Foto: cortesía El Universo

Quito- El colectivo ambientalista Yasunidos, promotor del histórico plebiscito en el que los ecuatorianos aprobaron el cese y desmantelamiento de una explotación petrolera situada dentro del amazónico Parque Nacional Yasuní, denunció este miércoles al Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa en la Corte Constitucional por incumplir el mandato ciudadano dos años después de la votación.

"Presentamos una demanda contra el Gobierno de Daniel Noboa por el flagrante incumplimiento de la consulta popular del Yasuní de 2023. Fue un proceso histórico donde los ecuatorianos apoyamos mantener el petróleo bajo tierra", declaró a EFE Pedro Bermeo, portavoz de Yasunidos.

"Este mandato establecía condiciones en caso de que ganara el 'Sí': que el Gobierno se abstenga de firmar nuevos contratos, que en no más de un año se suspenda la extracción, que después se inicie el retiro de la infraestructura y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento. Todas se incumplieron", sentenció, añadiendo que este martes se extrajeron otros 44.000 barriles de crudo.

La consulta popular se celebró el 23 de agosto de 2023 y en ella el 58,91 % de los ecuatorianos votó a favor de cesar la actividad de la explotación petrolera, el Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), que en ese momento producía unos 55.000 barriles de crudo por día, el 11 % de la producción nacional de petróleo, lo que suponía ingresos para el Estado por valor de unos 1.200 millones de dólares al año.

Desde el Gobierno se inició un retiro progresivo con un plan de largo plazo a cinco años, en el que se comenzaron a cerrar pozos de manera paulatina, pese a que el dictamen de la Corte Constitucional señalaba que el desmantelamiento de las instalaciones petroleras debía hacerse en un año, tiempo que las autoridades ecuatorianas consideraron imprudente si se quería hacer el proceso de forma segura.

"Hemos pedido que se detenga la extracción, que se establezca un cronograma para las medidas y que la Corte Constitucional vigile su cumplimiento, además de la destitución de altos funcionarios del Gobierno de Noboa por el incumplimiento de la consulta popular", explicó Bermeo.

La reservas petroleras del Bloque 43-ITT, que entró en operación en 2016 por parte de Petroecuador tras una inversión estatal de unos 2.000 millones de dólares, se estimaban en más de 13.000 millones de dólares para los siguientes veinte años en el momento de la votación. EFE

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