Politica y Economía

Yofre Poma podría recibir sentencia de uno a tres años de prisión por paralizar un servicio público

25/10/2019 Primicias

Los nueve son acusados del delito de paralización de un servicio público, por la supuesta ocupación violenta de una estación de Petroecuador

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, declaró reservada la audiencia de juzgamiento en contra del asambleísta Yofre Poma, del prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez y otras siete personas por tratarse de un delito contra la seguridad del Estado. Foto: Primicias

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, declaró reservada la audiencia de juzgamiento en contra del asambleísta Yofre Poma, del prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez y otras siete personas por tratarse de un delito contra la seguridad del Estado. Foto: Primicias

En la Corte Nacional de Justicia, la mañana del jueves 24 de octubre de 2019, inició la audiencia de juicio directo en contra del asambleísta Yofre Poma, del prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, y otras siete personas por el delito de paralización de servicios públicos.

La diligencia fue presidida por el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, quien la declaró reservada por tratarse de un delito contra la seguridad del Estado.

También estuvo presente el fiscal subrogante, Wilson Toainga. Además de Poma y Chávez son procesados José Gómez, asesor del prefecto; y Víctor Burbano, concejal de Lago Agrio.

A ellos se suman Steven Torres, Jenny Rodríguez, César Pachacama, Gonzalo Villamil y Vinicio Chacha.

Los nueve son acusados del delito de paralización de un servicio público, por la supuesta ocupación violenta de una estación de Petroecuador, ubicada en Lago Agrio, el pasado 7 de octubre de 2019.

Según Fiscalía, los procesados habrían irrumpido en la sala de control de operaciones, con la amenaza de atentar contra la integridad de los equipos de bombeo del SOTE así como de las operaciones de Petroecuador.

Esto habría causado la paralización del SOTE durante 2 horas y 19 minutos, lo cual habría causado un perjuicio por USD 1,7 millones al Estado.

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