'Vínculos de riesgo' marcaron a la cesada Corte Constitucional

Si se trataba de casos propuestos por grupos vulnerables, trabajadores o líderes opositores al expresidente Rafael Correa, la Corte se tomaba en promedio más de cuatro años.

Foto: El Universo

El tiempo en el que la Corte Constitucional (CC) correísta resolvía los casos que llegaban a sus manos reveló la “forma arbitraria” en la que se elegían las causas judiciales: “No responde a criterios objetivos como cronología, gravedad del hecho vulnerado, impacto”, argumentó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para destituir, el 23 de agosto de 2018, a los magistrados del máximo organismo de la justicia en el país.

Si se trataba de casos propuestos por grupos vulnerables, trabajadores o líderes opositores al expresidente Rafael Correa, la Corte se tomaba en promedio más de cuatro años.

El caso Satya, por ejemplo, de la niña cuyas madres lesbianas lucharon para inscribirla con sus dos apellidos, tardó seis años: se presentó en el 2012, la Corte lo admitió a trámite en el 2014 y en el 2018 se resolvió la sentencia favorable.

Mientras, el caso del SRI contra la petrolera OCP, en el 2013, se resolvió en dos meses, al igual que el pedido de un grupo correísta que buscaba derogar la norma que le impedía a Correa la reelección: se presentó el recurso de referéndum en febrero, se lo admitió en marzo y se lo aceptó en abril del 2016. “Cuando provenían del ejecutivo, las consultas se resolvían en horas, cuando provenían de la ciudadanía muchos casos pasaron años sin resolverse”, resume Ramiro García, miembro de la comisión calificadora para seleccionar a los nuevos jueces de la Corte Constitucional.

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