Azuay: Río Blanco, de promesa dorada a enclave del crimen

Según informes del MAE, desde 2019 la zona es considerada de “alto riesgo”

Río Blanco se proyectaba generar más de $ 600 millones en exportaciones y cerca de $ 200 millones en tributos / Foto: cortesía FF.AA.

Cuenca- El proyecto minero Río Blanco, situado en el páramo de Molleturo, en el cantón Cuenca, provincia de Azuay, nació como una de las apuestas más ambiciosas del Estado ecuatoriano para impulsar su economía. Con reservas estimadas en 600.000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata, se proyectaba generar más de $ 600 millones en exportaciones y cerca de $ 200 millones en tributos.

Sin embargo, esa promesa se desvaneció en 2018, cuando una sentencia judicial suspendió sus operaciones por incumplir el derecho a la consulta previa y vulnerar los derechos de la naturaleza.

La empresa china Junefield, a través de su filial Ecuagoldmining, abandonó la zona y, con su salida, el Estado perdió el control territorial. Desde entonces, bandas criminales y mineros ilegales ocuparon el área, transformando a Río Blanco en un enclave de violencia y contaminación. Según informes del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), desde 2019 la zona es considerada de “alto riesgo”, y las autoridades ingresan con dificultad por la presencia de grupos armados.

El operativo militar del 22 de octubre de 2025, que dejó un detenido y 400 toneladas de material aurífero incautado, fue parte de la estrategia del Gobierno de Daniel Noboa para frenar la expansión de la minería ilegal. No obstante, expertos como el ingeniero Pedro Mancheno señaló a La Hora que la ausencia estatal permitió que el crimen organizado tomara el control del territorio.

A 3.900 metros sobre el nivel del mar, Río Blanco forma parte del ecosistema que alimenta al Parque Nacional Cajas, fuente de agua para Cuenca. Hoy, las detonaciones ilegales, el uso de mercurio y la deforestación han causado daños severos en el entorno.

Mientras tanto, Junefield mantiene un arbitraje internacional por $ 480 millones contra el Estado ecuatoriano. Río Blanco es ahora el reflejo de un error estructural: suspender la minería formal sin ofrecer control, alternativas económicas ni protección ambiental.

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