Bogotá – El equipo de transición del presidente electo Abelardo de la Espriella advirtió sobre un fuerte incremento de la deforestación al interior de los Parques Nacionales Naturales de Colombia y anunció que la política de conservación será objeto de una revisión prioritaria una vez inicie el nuevo gobierno.
Según el ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, entre 2022 y 2025 fueron intervenidas o perdieron su cobertura natural 48.125 hectáreas dentro del Sistema de Parques Nacionales. Entre las principales causas identificadas se encuentran la expansión de la ganadería, la apertura de vías ilegales y la minería ilícita, actividades que continúan ejerciendo presión sobre varias de las áreas protegidas más importantes del país.
Las cifras presentadas por el equipo de empalme muestran que la deforestación dentro de los parques pasó de 4.682 hectáreas en 2023 a 11.544 hectáreas en 2024, lo que representa un incremento del 146,5 %. De acuerdo con la información divulgada, la mayor parte de esta transformación se concentra en la región amazónica, uno de los ecosistemas estratégicos para la biodiversidad y la regulación climática del país.
Colombia cuenta con un Sistema de Parques Nacionales integrado por 61 áreas protegidas terrestres y marinas que abarcan cerca del 15 % del territorio nacional. Estos espacios resguardan ecosistemas fundamentales en la Amazonía, los Andes, el Caribe y el Pacífico, además de proteger una parte significativa de la biodiversidad del país.
Los Parques Nacionales más afectados
Los parques nacionales más afectados por la deforestación son Tinigua y Sierra de La Macarena, en el departamento del Meta (centro); Paramillo, entre Antioquia y Córdoba (noroeste); Puinawai, en Guainía (sureste), y Río Puré, en el Amazonas (sur). Arjona también advirtió de que el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, ubicado entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, en la Amazonía colombiana, y declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, requiere atención urgente por su importancia ambiental y por albergar pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Ante este panorama, el equipo de transición aseguró que una de las prioridades será revisar la estrategia de protección ambiental y fortalecer las acciones para frenar la pérdida de cobertura boscosa dentro de las áreas protegidas. El objetivo, señalaron, será evaluar las políticas implementadas durante los últimos años y definir nuevas medidas para enfrentar las actividades ilegales que continúan afectando estos territorios.
El informe surge en medio del proceso de empalme entre el gobierno saliente y la administración entrante, abriendo un nuevo debate sobre la efectividad de las políticas de conservación implementadas en los últimos años.
