Colombia: ministro de Minas y Energía pide aumentar el salario mínimo por encima del 23 % y convoca protestas

Edwin Palma propone que un nuevo decreto eleve el salario mínimo más allá del 23 % y llama a los colombianos a defenderlo en las calles tras la suspensión del incremento.

Edwin Palma propone que un nuevo decreto eleve el salario mínimo más allá del 23 % y llama a los colombianos a defenderlo en las calles tras la suspensión del incremento./ Foto: cortesía

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, lanzó un llamado público para que el salario mínimo legal vigente sea incrementado por decreto en más del 23 %, y convocó a los ciudadanos a movilizarse en defensa de esta medida después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que fijaba dicho aumento.

La propuesta surge en un contexto de incertidumbre regulatoria luego de que el Consejo de Estado ordenara al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio para definir el ajuste salarial conforme a criterios técnicos y legales, después de que varias demandas cuestionaran la justificación del aumento original.

Palma argumentó que las actuales condiciones económicas del país permiten justificar un incremento superior al 23 %, e instó a los colombianos a salir a las calles para defender el salario mínimo vital y móvil, concepto constitucional que, según él, protege los derechos de los trabajadores.

El ministro aseguró que el fallo judicial afecta directamente a más de 2,5 millones de trabajadores que dependen de esta retribución, y criticó lo que describió como una “interpretación inadecuada” de los factores utilizados para determinar el salario mínimo, especialmente la relación entre productividad y remuneración.

El llamado a la movilización se suma a las voces de respaldo de sectores aliados al Gobierno, que han defendido mantener o incluso elevar el incremento salarial mientras se emite el nuevo decreto, en un debate que polariza a políticos, empresarios y sindicatos.

La polémica por el salario mínimo se ha convertido en uno de los temas centrales de la agenda económica y política en Colombia a pocas semanas de las elecciones legislativas de 2026, reflejando tensiones entre el derecho al ingreso digno y las preocupaciones sobre los efectos en la economía y la legalidad de su fijación.

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