Congreso peruano evalúa norma que obligaría a concesionarios mineros a contratar a operadores informales

Un proyecto de ley plantea que el Estado pueda intervenir para formalizar acuerdos entre titulares de concesiones y mineros inscritos en el Reinfo, generando preocupación en el sector extractivo.

Un proyecto de ley plantea que el Estado pueda intervenir para formalizar acuerdos entre titulares de concesiones y mineros inscritos en el Reinfo, generando preocupación en el sector extractivo./ Foto: archivo

Una nueva propuesta legislativa presentada en el Congreso de Perú ha encendido el debate dentro de la industria minera al plantear mecanismos que podrían modificar la relación entre los titulares de concesiones y los mineros informales que buscan regularizar sus actividades.

La iniciativa, enfocada en la pequeña minería y la minería artesanal de oro, establece que los concesionarios donde operen mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) deberán suscribir contratos de explotación con estos operadores cuando así lo soliciten. El proyecto fija un plazo de 60 días para alcanzar dichos acuerdos.

Uno de los aspectos que más preocupación genera en el sector es la posibilidad de que el Estado intervenga cuando no exista consenso entre las partes. Según la propuesta, si el titular de la concesión se niega a firmar el contrato o no puede ser ubicado, el Ministerio de Energía y Minas podría actuar como mediador y, en determinadas circunstancias, ejecutar el acuerdo de manera subsidiaria.

Especialistas en derecho minero han advertido que esta figura podría afectar los derechos patrimoniales de los concesionarios, ya que permitiría al Estado sustituir la voluntad del titular para formalizar un contrato con terceros. Desde el sector privado se sostiene que esta medida podría ser incompatible con los principios de propiedad y libertad contractual reconocidos por la legislación peruana.

El proyecto también contempla el establecimiento de regalías a favor de los titulares de las concesiones cuando se aplique la intervención estatal. Sin embargo, representantes de la industria consideran que esta compensación económica no elimina las dudas jurídicas que genera la propuesta.

Exautoridades del sector energético han señalado que la prioridad debería centrarse en impulsar la denominada Ley MAPE, una reforma integral que busca ordenar el proceso de formalización minera, eliminar gradualmente el Reinfo y fortalecer los mecanismos de trazabilidad para la producción de minerales.

La discusión ocurre en un contexto en el que Perú continúa enfrentando desafíos para integrar a miles de pequeños productores al sistema formal. Mientras el Congreso analiza la iniciativa, diversos actores del sector advierten que cualquier modificación al régimen minero deberá equilibrar la promoción de la formalización con la protección de los derechos de los concesionarios y la seguridad jurídica para las inversiones.

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