IPE alerta riesgos de que un banco estatal compre oro sin garantizar su origen legal en Perú

Expertos advierten que la medida podría incentivar la minería ilegal y afectar la trazabilidad del metal.

Expertos advierten que la medida podría incentivar la minería ilegal y afectar la trazabilidad del metal./ Foto: archivo

La propuesta de crear un banco estatal para adquirir oro producido por pequeños mineros y mineros artesanales en Perú ha generado preocupación entre especialistas económicos y del sector minero, quienes advierten que la iniciativa podría facilitar el ingreso de oro de origen ilegal al mercado formal.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) señaló que cualquier mecanismo de compra estatal debe garantizar plenamente la trazabilidad del mineral. De lo contrario, existe el riesgo de que se terminen legitimando actividades vinculadas a la minería ilegal, un problema que ha crecido de forma significativa en los últimos años y que representa una amenaza para la institucionalidad y las inversiones formales.

Según los especialistas consultados por el IPE, organismos como el Banco Central tienen funciones orientadas a la administración de reservas internacionales y no están diseñados para intervenir directamente en la comercialización de oro producido localmente. Además, las reservas de oro suelen adquirirse en mercados internacionales donde existen mecanismos de certificación y verificación ampliamente reconocidos.

Los economistas también advirtieron que una política de compra estatal podría generar incentivos perversos para la minería informal si no se establecen controles rigurosos sobre el origen del mineral. En lugar de contribuir a la formalización, la medida podría aumentar la rentabilidad de actividades que operan fuera del marco legal.

Otro de los desafíos identificados es la trazabilidad. Expertos del sector minero sostienen que, sin sistemas sólidos de supervisión y control, resultaría difícil garantizar que el oro adquirido provenga de operaciones legales y ambientalmente responsables. Esta situación podría afectar la reputación del país ante los mercados internacionales y generar cuestionamientos sobre la procedencia del metal exportado.

El debate ocurre en un contexto en el que la minería ilegal continúa expandiéndose en Perú. Estudios del IPE advierten que esta actividad mueve miles de millones de dólares al año, afecta proyectos de inversión minera formal y representa un creciente desafío para la gobernabilidad y la seguridad jurídica en el país.

Ante este escenario, los especialistas consideran que los esfuerzos para formalizar a los pequeños productores deben centrarse en fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad, antes que en promover esquemas de compra estatal que puedan abrir espacios para la comercialización de oro de origen incierto.

Síguenos en:

Google News Canal de Whatsapp Canal de Telegram