Ecuador mantiene cerrado desde 2018 el catastro minero para nuevas áreas de exploración, una situación que podría afectar la llegada de inversiones y la continuidad de la actividad minera en el largo plazo, según un informe del Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad (CEMS) difundido por La Hora.
El documento, titulado “La minería en Ecuador: inversión y desarrollo con capital constructivo”, analiza las condiciones del sector extractivo, la institucionalidad vigente y los factores que influyen en la capacidad del país para aprovechar sus recursos minerales.
Según el informe, Ecuador posee importantes reservas de cobre y oro, pero enfrenta dificultades relacionadas con la estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y capacidad institucional. El estudio señala que la falta de nuevas áreas de exploración podría generar efectos en los próximos años, debido a que el desarrollo de un proyecto minero puede tomar más de una década desde el descubrimiento del yacimiento hasta el inicio de la producción.
El análisis advierte que las principales minas actualmente en operación fueron identificadas hace más de 20 años y que el cierre del catastro minero limita la incorporación de nuevos proyectos al sistema formal.
La investigación también compara la posición de Ecuador frente a otros países de la región. El atractivo del país para la inversión minera está condicionado más por factores institucionales que por la disponibilidad de recursos naturales.
Entre los principales desafíos identificados están la necesidad de fortalecer un regulador independiente, mejorar la transparencia del sector, impulsar la formalización de la pequeña minería, garantizar procesos adecuados de consulta con comunidades y reactivar el catastro minero bajo criterios técnicos y ambientales.
El estudio también alerta sobre la capacidad limitada del Estado para supervisar la actividad minera. La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) cuenta con 164 funcionarios para controlar 8.463 derechos mineros y enfrentar actividades ilegales detectadas en varias provincias del país.
Otro de los puntos destacados es la oportunidad que representan las regalías mineras para los territorios donde se desarrolla esta actividad. La nueva normativa establece que hasta el 60 % de estos recursos puede dirigirse a gobiernos locales mediante planes de inversión aprobados, aunque el informe señala que aún existen desafíos relacionados con transparencia y ejecución.
El CEMS sostiene que Ecuador podría convertirse en un destino competitivo para la inversión minera si logra consolidar reglas estables y atraer lo que denomina “capital constructivo”: inversiones vinculadas a empleo, desarrollo de proveedores locales, cumplimiento ambiental y buenas prácticas empresariales.
