Corte Constitucional reconoce desaparición forzada en caso Las Malvinas y ordena disculpas públicas

El texto reconoce que el Estado no cumplió con su obligación de proteger la vida, la libertad y la dignidad de los niños

La sentencia establece que los hechos constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del orden constitucional / Foto: cortesía Primicias

Quito- La Corte Constitucional del Ecuador determinó que Josué, Ismael, Steven y Nehemías, cuatro menores del sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, fueron víctimas de desaparición forzada tras ser detenidos por una patrulla militar. La decisión fue emitida este martes 10 de marzo de 2026 a través de una sentencia de 90 páginas.

En el fallo, el máximo tribunal constitucional concluye que los niños fueron privados de su libertad de manera arbitraria por personal militar y posteriormente sustraídos de la protección del Estado. Además, señala que durante las investigaciones las autoridades no proporcionaron información completa sobre lo ocurrido con los menores.

El documento, identificado como la sentencia 1732-25-EP/26, establece que los hechos constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del orden constitucional, al tratarse de una de las violaciones más severas reconocidas en el sistema jurídico nacional e internacional.

Como parte de las medidas de reparación, la Corte dispuso que el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana ofrezca disculpas públicas a las familias de los menores y a la sociedad ecuatoriana, reconociendo la responsabilidad del Estado en los hechos.

El texto que deberá leerse durante el acto público reconoce que el Estado no cumplió con su obligación de proteger la vida, la libertad y la dignidad de los niños, y admite que la información proporcionada a sus familiares fue tardía e incompleta. También señala que algunas declaraciones oficiales contribuyeron a la estigmatización de las víctimas y de sus familias.

La resolución judicial además ordena que las instituciones del Estado adopten medidas para evitar que hechos similares se repitan, incluyendo la implementación de protocolos de actuación frente a niñas, niños y adolescentes, así como procesos permanentes de formación en derechos humanos para miembros de la fuerza pública.

Por este caso, once militares ya fueron sentenciados a 34 años de prisión. La decisión de la Corte Constitucional busca garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para los familiares de las víctimas.

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