¿En cuáles provincias continúa el toque de queda?

Durante este periodo, las personas no podrán transitar libremente entre las 23:00 y las 5:00, es decir, siete horas diarias

El decreto 329 establece que la restricción de circulación aplicará desde el 15 hasta el 30 de marzo / Foto: cortesía Ministerio de Defensa

El Gobierno ecuatoriano anunció un toque de queda en cuatro provincias de la región costa como parte de una nueva fase en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. La medida fue confirmada por el presidente Daniel Noboa el 2 de marzo de 2026 durante la ceremonia por los 88 años de profesionalización de la Policía Nacional en Quito.

El decreto 329, firmado el 13 de marzo, establece que la restricción de circulación aplicará desde el 15 hasta el 30 de marzo en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. Durante este periodo, las personas no podrán transitar libremente entre las 23:00 y las 5:00, es decir, siete horas diarias.

La medida se suma al estado de excepción vigente en las mismas provincias desde el 28 de febrero, buscando garantizar la seguridad y fortalecer las operaciones de control en zonas con alta incidencia del crimen organizado.

El presidente Noboa señaló que esta acción forma parte de un plan más amplio que incluye operaciones conjuntas de las fuerzas militares y policiales con países aliados en la región, contando incluso con apoyo de Estados Unidos. “Estamos iniciando una fase más activa en la lucha contra los criminales, con operativos coordinados y medidas preventivas”, aseguró.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que el toque de queda permitirá concentrar recursos de seguridad durante las horas de mayor riesgo y reducir la movilidad de personas vinculadas a actividades ilícitas.

Autoridades enfatizaron que la medida será temporal y está diseñada con criterios de control estratégico, sin afectar derechos fundamentales más allá del horario establecido. Se espera que el toque de queda complemente las acciones legales y operativas en curso para combatir estructuras de narcotráfico y delitos asociados, reforzando la presencia estatal en sectores críticos del país.

Con esta decisión, el Gobierno busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso en el combate al crimen organizado, priorizando la seguridad ciudadana en las provincias costeras más afectadas.

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