Decisión de la Corte Constitucional frena licencias ambientales para varios sectores

Los proyectos parados son del sector minero, petrolero, eléctrico, de gestión de desechos, alcantarillado, vialidad, entre otros

Los proyectos parados son del sector minero, petrolero, eléctrico, de gestión de desechos, alcantarillado, vialidad, entre otros/ Foto: El Oriente

Alrededor de 180 procesos para obtener la licencia ambiental en Ecuador están parados tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender, temporalmente, el decreto ejecutivo 754, con el que el presidente Guillermo Lasso normó el proceso para la consulta ambiental.

Los proyectos parados incluyen iniciativas del sector minero, petrolero, eléctrico, de gestión de desechos, alcantarillado, vialidad, entre otros.

La consulta ambiental, que fue pedida por la propia Corte Constitucional, es un proceso de socialización, con las comunidades involucradas y un requisito previo para obtener la licencia ambiental.

La decisión se dio en respuesta a la petición, que realizaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otros grupos que se oponen a las actividades extractivas, para que se declare inconstitucional el decreto ejecutivo, que según el Gobierno siguió los lineamientos dados por la propia Corte para su elaboración.

Entre los sectores afectados en el sector minero están los proyectos de oro y plata de $ 250 millones Curipamba, y el polimetálico de $ 176 millones La Plata, que esperaban obtener la licencia ambiental para iniciar la construcción de mina a fines de este año o inicios del próximo.

La primera etapa del proceso de consulta en Curipamba concluyó con éxito, pese a la violencia inicial de los grupos antimineros. Pero el proceso de La Plata tuvo que ser detenido por razones de seguridad, también por actos violentos.

Según el abogado de la Cámara de Minería de Ecuador, Andrés Ycaza, la Corte Constitucional se ha convertido en un actor político y su decisión es inexplicable. Pues, la violencia que se generó en torno a Curipamba y La Plata no fue provocada por los pobladores del área de influencia, ni por quienes realizaban la consulta ambiental, ni por las empresas mineras, sino por quienes pidieron la inconstitucionalidad del decreto.

“Los violentos están utilizando la justicia constitucional para frenar, indebidamente, una serie de proyectos y afectar al país”, señaló Ycaza.