DPM evalúa acciones legales tras la revocatoria ambiental

La minera canadiense respondió a la decisión del gobierno sobre Loma Larga

El proyecto minero Loma Larga está ubicado en Azuay / Foto: cortesía DPM

Quito- La canadiense Dundee Precious Metals (DPM) reaccionó oficialmente a la decisión del Gobierno de revocar la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia del Azuay. En un comunicado difundido en su sitio web, la compañía afirmó que se encuentra evaluando todas las opciones legales disponibles para proteger los intereses de sus accionistas y preservar el valor del proyecto, luego de recibir la notificación del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

La empresa aseguró que Loma Larga había sido desarrollado bajo estrictos estándares ambientales y sociales, con cumplimiento integral de las normativas ecuatorianas. Según DPM, el plan de manejo ambiental fue elaborado con estudios técnicos independientes que demostraron que la operación no tendría impactos negativos en el suministro de agua ni comprometería los ecosistemas del páramo cuencano. En esa línea, el comunicado remarcó que el proyecto contaba con una licencia ambiental vigente hasta la reciente decisión de revocatoria.

DPM expresó además su desacuerdo con la medida y destacó que continuará dialogando con las autoridades ecuatorianas y las comunidades locales para encontrar una solución que permita avanzar en un marco de sostenibilidad y respeto al entorno. “Estamos comprometidos con la gestión responsable de los recursos naturales y con el cumplimiento de las normas ambientales en todos los países donde operamos”, subrayó la empresa, que también mantiene operaciones en Bulgaria, Serbia, Bosnia y Canadá.

La revocatoria de la licencia ambiental se produjo tras los informes técnicos presentados por el alcalde de Cuenca y el prefecto del Azuay, que concluyeron que el proyecto podría representar riesgos para las fuentes hídricas. La decisión, respaldada por el Ejecutivo, ha reactivado el debate sobre el futuro de la minería a gran escala en Ecuador y la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras en el sector.

En ese contexto, la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, sostuvo que estas autoridades “tienen la responsabilidad de responder a los ciudadanos cuencanos” y defendió que el Gobierno cumplió con el compromiso del presidente Daniel Noboa de detener la licencia. “Con los cuencanos y con Cuenca no se juega”.

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