Economía
Ecuador debe proteger US$ 210.000 millones en transacciones bancarias anuales
El 58,5% de las transacciones migran a canales digitales y los ciberataques al sector financiero representan el 33% del total nacional
Quito- El panorama de ciberseguridad en Ecuador presenta cifras alarmantes: el país ocupa el tercer lugar en América Latina en amenazas cibernéticas, con un nivel de riesgo del 51,9% y un incremento del 4,9% en intentos de ciberataques durante el último año. Esta realidad cobra especial relevancia cuando se considera que el sector financiero ecuatoriano maneja anualmente US$ 210.000 millones en transacciones bancarias, de las cuales el 58,5% se realizan a través de canales digitales.
La transformación digital del sector bancario ecuatoriano ha sido vertiginosa. En 2023, se registraron 1.341 millones de transacciones por canales bancarios, representando un crecimiento del 29% comparado con 2022 y 2,4 veces más que en 2019. Sin embargo, esta digitalización acelerada ha expandido significativamente la superficie de ataque para los ciberdelincuentes, quienes han identificado al sistema financiero como objetivo prioritario.
La amenaza Crocodilus y el nuevo panorama de riesgos
El malware Crocodilus, detectado por ThreatFabric, ejemplifica la sofisticación creciente de las amenazas que enfrentan los bancos ecuatorianos. Este malware utiliza técnicas avanzadas como control remoto de dispositivos y superposición de pantallas negras, desarrollando mecanismos para agregarse automáticamente a las listas de contactos del usuario. Inicialmente dirigido a España y Turquía, Crocodilus ya se expande hacia Argentina, Brasil y otros países sudamericanos.
La realidad ecuatoriana es particularmente preocupante. Según Kaspersky 2023, Ecuador se encuentra entre los cinco países con mayor cantidad de ataques de phishing, mientras que los troyanos bancarios experimentaron un crecimiento del 50% durante 2023. Más alarmante es que el 33% de los ciberataques en Ecuador se dirigen específicamente al sistema financiero.
La respuesta del sector: colaboración estratégica
Reconociendo esta amenaza, el sector bancario ecuatoriano ha iniciado una transformación fundamental. En noviembre de 2024, los principales bancos se reunieron en el Summit de Ciberseguridad Financiera, organizado por Asobanca en colaboración con Banco Pichincha. Este encuentro estableció las bases para una estrategia colaborativa de defensa cibernética, marcando la transición de estrategias defensivas aisladas hacia un modelo de resiliencia digital colaborativo.
Los números justifican esta urgencia. El canal móvil experimentó un crecimiento exponencial, pasando del 4,2% del total de transacciones en 2019 al 44,7% en 2023, saltando de 24 millones a 600 millones de transacciones. Las mujeres lideran esta adopción digital con el 51,1% de participación en transacciones móviles, mientras que los hombres movieron US123.197 millones frente a los US 123.197 millones frente a los US123.197 millones frente a los US 87.387 millones transaccionados por mujeres en 2023.
Esta masiva migración hacia canales digitales ha creado nuevas vulnerabilidades. Ecuador registró más de 12 millones de ciberataques en 2023, con 84 intentos de infección por minuto en 2022, posicionándose como el cuarto país latinoamericano en esta métrica.
El informe "Banking on Digital Resilience in Financial Services" de Splunk propone un enfoque que los bancos ecuatorianos están adoptando. Este modelo trasciende las soluciones reactivas tradicionales para integrar detección de amenazas, investigación y respuesta de forma unificada, adoptando inteligencia artificial para anticipar riesgos.
La implementación cobra especial relevancia considerando que Ecuador enfrenta un aumento del 65% en ataques a APIs, impulsado por la rápida digitalización. Esta expansión se ve agravada por estructuras internas fragmentadas que dificultan la visibilidad integral de los riesgos.
La respuesta tecnológica incluye inteligencia artificial para análisis de comportamiento anómalo, automatización de procesos de seguridad, y análisis avanzado de datos para identificación predictiva de amenazas. Ricardo Pulgarín de Cirion Technologies destaca que "la adopción de infraestructuras en la nube seguras permite beneficiarse de la escalabilidad mientras se mantienen altos estándares de seguridad".
El gobierno ecuatoriano respondió con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, lanzada en 2023, y la propuesta de una Ley de Seguridad Digital. La Superintendencia de Bancos detectó 76 entidades financieras no autorizadas durante 2024, manteniendo un listado de 114 "supuestas entidades" sin autorización.
El futuro de la banca resiliente
La infraestructura bancaria ecuatoriana actual, compuesta por 1.200 oficinas, 4.956 cajeros automáticos y 46.692 corresponsales no bancarios, debe evolucionar hacia un ecosistema digitalmente resiliente. Marco Rodríguez de Asobanca señala que "la adopción de canales digitales se aceleró con la pandemia y este fenómeno se mantuvo".
El surgimiento de amenazas como Crocodilus y la posición de Ecuador como tercer país latinoamericano en riesgo cibernético evidencian una realidad innegable: la seguridad en el sector financiero ecuatoriano debe evolucionar de un modelo reactivo hacia uno proactivo y colaborativo. Con US$ 210.000 millones anuales en transacciones bancarias y una digitalización que alcanza el 58,5% del total, Ecuador no puede permitirse un enfoque defensivo obsoleto.
La construcción de una infraestructura bancaria resiliente no es solo una necesidad operativa sino una ventaja competitiva fundamental. En la banca digital del siglo XXI, la resiliencia cibernética determina la confianza del cliente, la estabilidad del sistema financiero y el desarrollo económico sostenible del país.
La colaboración intersectorial demostrada en el Summit de Ciberseguridad Financiera, combinada con la adopción de tecnologías emergentes y el fortalecimiento regulatorio, posiciona a Ecuador en el camino hacia una banca verdaderamente resiliente. El desafío es mantener este impulso colaborativo y convertirlo en una transformación sistémica que proteja los activos financieros y la confianza de millones de ecuatorianos en su sistema bancario digital.
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