El cruce de cuentas entre la deuda que mantiene el Estado con Odebrecht y el monto que la firma deberá pagar por concepto de indemnización o reparación económica arrancó entre la Procuraduría General del Estado, las instituciones públicas y la constructora.
De acuerdo con información proporcionada por la firma a este Diario, la deuda por sus contratos en el país, con corte al 1 de septiembre de este año, es de $ 103 millones, monto que se encuentra retenido, con orden de no ser pagados.
“Estamos a la espera de una respuesta”, señaló la compañía al ser consultada por correo electrónico sobre sus gestiones de cobro.
Los detalles de esa deuda están bajo reserva, debido al Acuerdo de Cooperación Eficaz que la Fiscalía anunció en junio pasado. Sin embargo, una parte de esos $ 103 millones corresponde, por ejemplo, a los saldos pendientes de los contratos del acueducto La Esperanza ($ 13,9 millones) y del poliducto Pascuales Cuenca ($ 40 millones). Este último fue cuestionado la semana pasada por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, debido a fallas en la construcción.
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