Quito- Ecuador, en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), encabezó en Quito la XII Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) sobre Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional, un encuentro destinado a fortalecer la coordinación entre los países miembros frente a las redes criminales que operan en la región.
La cita se desarrolló en formato híbrido y reunió a representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Durante la jornada, las delegaciones revisaron los resultados de la primera fase del Plan de Acción Resolutivo, establecido mediante la Decisión 922 de la CAN, y avanzaron en la definición de las medidas que conformarán la segunda etapa de la estrategia regional.
La sesión fue inaugurada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana de Ecuador, con la participación presencial de autoridades nacionales de los sectores de seguridad y defensa, mientras que funcionarios de los demás países andinos intervinieron de manera virtual.
Durante la reunión, el subsecretario de América Latina y el Caribe, Agustín Fornell, señaló que el crimen organizado ha ampliado su capacidad de acción mediante estructuras más flexibles y actividades ilícitas que van más allá del narcotráfico, con impactos sobre la seguridad, la institucionalidad democrática y el desarrollo de los países andinos.
En ese contexto, la delegación ecuatoriana planteó que la segunda fase del Plan de Acción priorice acciones conjuntas para enfrentar la minería ilegal, combatir el tráfico ilícito de armas y fortalecer la cooperación regional contra la trata de personas y el tráfico de migrantes.
El Grupo de Alto Nivel constituye uno de los principales mecanismos de coordinación de la Comunidad Andina en materia de seguridad, al promover el intercambio de información y la articulación de políticas entre los cuatro Estados miembros para enfrentar amenazas de carácter transnacional.
Con esta reunión, la CAN continúa el proceso de actualización de su estrategia regional frente a la delincuencia organizada, en un escenario marcado por el incremento de las economías ilícitas y los desafíos compartidos en materia de seguridad fronteriza.
