Ecuador registra 113.767 positivos y 6.556 decesos confirmados por COVID-19

De las 24 provincias del país, la incidencia de la pandemia es mayor en la de Pichincha, que sigue aglutinando la cifra más numerosa de casos, 23.898.

Foto: EFE

Ecuador registra hasta este lunes 113.767 positivos y 6.556 decesos confirmados por COVID-19, mientras que los fallecimientos probables por la enfermedad suman 3.741, de acuerdo con el parte diario oficial emitido por el Ministerio de Salud.

Esos datos suponen 119 nuevos casos de contagio adicional, así como una muerte oficial y 3 probables causadas por el coronavirus y que no han podido confirmarse.

Desde que se detectó el primer caso en el país, el 29 de febrero, se han practicado un total de 328.929 pruebas, entre PCR y rápidas, con las que se descartaron 165.698 casos.
 

De las 24 provincias del país, la incidencia de la pandemia es mayor en la de Pichincha, cuya capital es Quito, que sigue aglutinando la cifra más numerosa de casos, 23.898, 33 nuevos respecto a la víspera, lo que supone un descenso dramático con respecto a las cifras de semanas anteriores.

Le sigue la de Guayas, con Guayaquil de cabecera, que cuenta 18.836, cinco más que ayer.

Por ciudades, Quito suma 21.589 positivos y Guayaquil 12.811.
 

Otras de las provincias que acumulan más de 3.000 casos confirmados de coronavirus son Manabí, con 8.482, Azuay (5.454), Santo Domingo de los Tsáchilas (4.505), El Oro (4.385), Loja (4.445), Esmeraldas (3.543), Tungurahua (3.348), y Los Ríos (3.273).

La insular de Galápagos, situada a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas, registra 109 positivos.

Ecuador se encuentra desde el 16 de marzo en estado de excepción, aunque a finales de mayo comenzó la reactivación más por necesidad económica que por una mejora sanitaria.

El miércoles pasado el Gobierno anunció que, por disposición judicial, el próximo 14 de septiembre terminará el estado de excepción que iba renovándose primero bimensualmente y después cada 30 días.

Las autoridades ecuatorianas deberán plantearse por ello cómo mantener el distancimiento social sin la posibilidad de poder establecer un régimen legal especial que permitía medidas como las de restringir la libertad de movimiento y de concentración.