“El 77 % del oro extraído en Ecuador proviene de actividades ilegales”

María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, analizó la situación de la minería ilegal

La provincia de Orellana se ha convertido en uno de los principales escenarios de violencia ligada a la minería ilegal en Ecuador / Foto: cortesía

El Coca- La provincia de Orellana se ha convertido en uno de los principales escenarios de violencia ligada a la minería ilegal en Ecuador. El reciente asesinato de 11 militares en el Alto Punino, durante una operación contra esta actividad ilícita, es uno de los más crudos ejemplos de cómo el crimen organizado ha hecho de la minería ilegal su nueva fuente de financiamiento.  

Una naciente alianza entre los Comandos de la Frontera (CDF), de origen colombiano, y la banda ecuatoriana Los Lobos ha desplazado a Los Choneros del control de los yacimientos auríferos de la zona. Esta disputa ha dejado un creciente saldo de muertes violentas. En Orellana, se pasó de 24 homicidios en 2022 a 108 en 2024. 

María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), advierte que lo que ocurre en Orellana no es un hecho aislado. “El mapa de la minería ilegal es peor de lo que suponemos. Esta economía ilícita opera ya en 20 de las 24 provincias y en 14 lo hace de forma crítica”.  

Agregó que el 77 % del oro extraído en el país proviene de actividades ilegales. Detrás de estas mafias no hay pequeños mineros artesanales, sino estructuras criminales transnacionales, como Los Lobos, los Comandos de la Frontera, los Tiguerones y disidencias de las FARC, que manejan estos negocios ilícitos de manera articulada y violenta. 

Desde 2023, la explotación ilegal en la cuenca del río Punino pasó de estar controlada por Los Choneros a quedar en manos de los Comandos de la Frontera, tras una serie de sangrientos enfrentamientos. Estos grupos comenzaron a operar en zonas como La Joya de Los Sachas y El Coca, donde se han vuelto comunes los cuerpos desmembrados, amenazas escritas y el terror como forma de control territorial.  

Los Lobos, por su parte, han expandido su influencia a zonas mineras de otras provincias como Azuay, El Oro, Napo, Sucumbíos e Imbabura. 

Para la Cámara de Minería, el impacto de la minería ilegal no es solo en seguridad. “Un gramo de mercurio puede contaminar 200.000 litros de agua”, alertó Silva. La actividad ha provocado deforestación en más de 12.944 hectáreas y daños irreversibles en ríos y ecosistemas. 

Frente a esta amenaza, propone una respuesta más integral. “La minería ilegal no se combate solo con operativos. Hay que seguir la ruta del dinero, del mercurio y de la maquinaria. Necesitamos respuestas coordinadas, sostenidas y a nivel internacional”.  

También cuestiona el cierre del catastro minero en 2017, que dejó a muchas zonas sin concesiones legales y bajo el control de grupos armados. “Cuando el Estado no está, manda el crimen”. 

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