Seguridad y Fronteras

Guillermo Lasso

El gobierno no acatará orden judicial para cambiar de cárcel a cabecilla criminal

12/01/2023 EFE

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que el Cosepe resolvió "negar el cumplimiento de la decisión del juez y no acatarla"

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que el Cosepe resolvió "negar el cumplimiento de la decisión del juez y no acatarla" / Foto: cortesía

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que el Cosepe resolvió "negar el cumplimiento de la decisión del juez y no acatarla" / Foto: cortesía

El Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) de Ecuador, un organismo de asesoría de la Presidencia de la República, resolvió este martes no acatar la orden judicial para el traslado de prisión de un reo considerado peligroso, acusado de liderar una banda criminal causante de varias masacres carcelarias.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó en un comunicado que el Cosepe resolvió "negar el cumplimiento de la decisión del juez y no acatarla", por considerar que este tipo de fallos "atentan contra la seguridad del Estado".

Un juez de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, José Julián Herbozo, dispuso el traslado a una prisión de esa jurisdicción del reo Freddy Anchundia, conocido solo como "Anchundia" y acusado de pertenecer a la banda criminal identificada como "R7", inmersa en varias de las últimas masacres carcelarias acontecidas en Ecuador.

El recluso se encontraba aislado desde mediados de noviembre en el Centro de Privación de Libertad Número 3 de la provincia de Guayas, conocida como cárcel de máxima seguridad "La Roca", cerca de Guayaquil, precisó la fuente.

A ese centro de reclusión había llegado procedente de la cárcel de Santo Domingo, la misma que este año fue escenario de dos matanzas que dejaron 56 asesinados en enfrentamientos entre bandas rivales, en una crisis que ha dejado más de 450 reclusos fallecidos desde 2020.

El traslado se realizó después de que Santo Domingo fuera a inicios de noviembre uno de los lugares donde se dieron una serie de ataques contra las fuerzas del orden que el Gobierno atribuyó a una respuesta del crimen organizado contra la intervención en los centros carcelarios.

"No se trasladará a esta persona privada de la libertad y se dará todo el respaldo" al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad, la agencia de centro penitenciario del país, indicó la Secretaría de Comunicación.

Asimismo, aseguró que se solicitará "la revocatoria de dicha decisión del juez" y que se levantará "la reserva de esta resolución del Cosepe para que sea de conocimiento público".

"¡Ya basta! No permitiremos que se usurpe la paz y tranquilidad del Ecuador", remarcó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Este anuncio se dio en un momento en que el Gobierno ha lanzado fuertes críticas a jueces por fallos que ha considerado lesivos, en un ambiente que ha sido cuestionado por políticos de oposición que han apelado al respeto a la independencia de los poderes del Estado.

También coincide con el auge de la inseguridad ciudadana por la serie de asesinatos, robos y otros delitos que sacuden al país, especialmente a la zona costera.

Además, el pronunciamiento se dio en un momento en que el Gobierno ha intentado posicionar la posibilidad de abrir la extradición de ecuatorianos requeridos por otros países y que estén involucradas con el crimen organizado y el narcotráfico, que se ha planteado como una de las preguntas del referendo previsto para el próximo 5 de febrero.

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