Lago Agrio- La Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Nacional, ejecutó un allanamiento en las oficinas de la Dirección Distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, dentro de una investigación por la presunta adjudicación irregular de un terreno ocurrida en diciembre de 2025.
Como parte de la diligencia, los agentes incautaron equipos informáticos del director distrital del MAG, de un exasesor jurídico y del servidor que almacena la información de los trámites realizados por la institución desde 2016. Los dispositivos fueron levantados bajo cadena de custodia para su análisis.
La investigación busca establecer posibles responsabilidades penales en la entrega de una escritura de propiedad sobre un predio que, según la denuncia, permaneció durante 38 años en posesión de una misma familia, pero fue adjudicado posteriormente a un tercero que presuntamente no cumplía con los requisitos legales.
De acuerdo con la defensa de la parte denunciante, hace dos meses el actual director distrital del MAG manifestó públicamente que la institución habría sido inducida a error durante el proceso de adjudicación. En esa ocasión anunció que solicitaría a la Fiscalía investigar un posible caso de perjurio y que iniciaría el procedimiento administrativo para declarar la nulidad de la escritura.
Sin embargo, el abogado sostiene que esas acciones no fueron ejecutadas y asegura que, por el contrario, la entidad mantiene actuaciones judiciales orientadas a sostener la validez del título de propiedad cuestionado.
La Fiscalía de Sucumbíos mantiene abierta una investigación contra el actual director distrital del MAG, un exasesor jurídico y un exfuncionario técnico que participó en la inspección del terreno. El proceso se desarrolla por los presuntos delitos de fraude procesal y perjurio.
Durante el operativo no se registraron detenciones, debido a que los funcionarios investigados no se encontraban en las instalaciones al momento del allanamiento.
La parte denunciante también sostiene que existen indicios de una posible asociación entre servidores públicos y particulares para obtener la adjudicación del inmueble de manera irregular. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la recopilación de evidencias para determinar las responsabilidades en el caso.
