Las denuncias por supuesta injerencia en la Justicia no paran

En Guayaquil, los abogados pidieron a los jueces cesados que ofrezcan los nombres de quienes presionaron.

Gustavo Jalkh fue secretario particular del expresidente Rafael Correa. Foto: La Hora

Pese al grillete electrónico que lleva en su pierna, el exasambleísta Cléver Jiménez llegó ayer a la Fiscalía General para interponer, junto a dirigentes de nacionalidades indígenas, una denuncia penal contra el expresidente Rafael Correa. Lo hizo por el presunto delito de tráfico de influencias en la Función Judicial, y los demás delitos que en la investigación se identifiquen.

La denuncia se sustenta, fundamentalmente en la filtración de correos electrónicos que demuestran, según el exlegislador, “la metida de mano en la justicia”, ya que consta información sobre una supuesta influencia en los concursos de designación de jueces y presión sobre ciertos jueces.

Para Jiménez, uno de los actos que permitieron esa injerencia de Correa en la Justicia, ya en la práctica, fue la consulta popular de 2011, cuando se “logró cooptar el sistema de justicia” formando un Consejo de la Judicatura de Transición y luego uno definitivo, presidido por el exsecretario del expresidente Correa, Gustavo Jalkh.

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