Hanrine cuestiona destino de los recursos de la tasa de fiscalización minera

Desde 2017, es dueña del proyecto Imba, conformado por 5 concesiones mineras en Imbabura

Carlos Miguel de Miguel III es el gerente de Hanrine / Foto: cortesía

Quito- La empresa australiana Hancock cuestionó la forma en que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) invertiría los $ 220 millones que el gobierno aspira a recaudar con la tasa de fiscalización minera, cuyo cobro debió empezar el 1 de julio.

En la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la tasa ante la Corte Constitucional, por Hanrine, la unidad local de Hancock, el gerente de la empresa, Carlos Miguel de Miguel III, dijo que con la tasa, la Arcom pretende financiar en su totalidad la creación de una entidad estatal, incluso, más grande que el Ministerio de Energía y Minas.

En la demanda, el gerente de Hanrine dice que, en el informe técnico de la tasa de supervisión y control, la Arcom señala que los recursos recaudados, $ 220,12 millones, se destinarán a cubrir gastos administrativos y de inversión en activos fijos, entre ellos el pago de sueldos para 600 técnicos y fiscalizadores, “una cifra arbitraria que excede en un 40 % al número de servidores del propio Ministerio de Energía y Minas”.

Adicionalmente, entre otros rubros también se planea implementar un laboratorio acreditado, por un valor de $ 20 millones, sin que se proporcione justificación técnica o detalle alguno sobre estos rubros.

En una entrevista con el portal Visionarias, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, dijo: “Creo que solo hay una acción de protección y es de una de las mineras, una minera que no ha invertido, no ha invertido ni siquiera en exploración. Tiene 3 diferentes derechos mineros en un área importante, y no lo ha hecho. Y no quiere pagar para justamente controlar la minería ilegal. No los entiendo”.

Hanrine envió una carta al presidente Daniel Noboa, señalando: “Esta acción se interpuso porque la tasa -además de antitécnica- es inconstitucional tanto en su forma como en su fondo y, además, porque la compañía enfrenta particularidades que agravan esta situación, como el hecho de haber solicitado la renuncia de un área por falta de prospectividad desde hace varios años sin poder concretarla, debido a la demora injustificada de las autoridades competentes en resolver el trámite”.

Desde 2017, Hanrine es dueña del proyecto Imba, conformado por cinco concesiones mineras, ubicadas en los cantones Ibarra y Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Desde 2019, todas las actividades técnicas de la etapa de exploración de la concesión Imba 2 están suspendidas por el avance de la minería ilegal en la zona.

Desde la obtención de las concesiones mineras hasta la fecha, la compañía no ha podido realizar actividades de exploración en ninguna de las cinco concesiones y, a pesar de eso, ha pagado por concepto de patentes de conservación $ 1,7 millones, dice la compañía.

La empresa considera que es “un contrasentido jurídico y ético” pretender que asuma el pago de la nueva tasa por cinco concesiones en las que nunca ha podido realizar actividades de exploración, mientras quienes se benefician de la extracción ilícita obtienen ingresos que superan los $ 300.000 diarios.

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