Política
La Asamblea aprobó ley sobre donaciones a las fuerzas de seguridad
Estas donaciones podrán ser realizadas por contribuyentes nacionales, organismos, gobiernos o entidades internacionales.
El proyecto de ley fue aprobado con 82 votos / Foto: EFE
Guayaquil.- La Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) aprobó este jueves la sexta normativa económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa, con la que el Gobierno busca fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía a través de donaciones y que ha sido ampliamente criticada por el correísmo.
El proyecto de ley fue aprobado con 82 votos, provenientes del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), que controla el Parlamento, y también de sus aliados, tras un debate de más de cuatro horas, que estuvo marcado por los enfrentamientos con los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), el partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Esta nueva legislación, que aún debe pasar por las manos de Noboa antes de entrar en vigencia, permite que las fuerzas de seguridad puedan recibir donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para su uso, que serán destinadas a la protección interna, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y la seguridad integral del Estado.
Estas donaciones podrán ser realizadas por contribuyentes nacionales, organismos, gobiernos o entidades internacionales.
Los donantes nacionales tendrán a cambio una rebaja del impuesto a la renta en el periodo fiscal equivalente al valor de la donación, con un límite del 30 %, sin derecho a devolución.
Mientras que las otras donaciones estarán sujetas a la existencia de acuerdos o convenios de cooperación internacional, según reza el texto del proyecto aprobado.
El asambleísta Diego Franco, presidente encargado de la comisión legislativa que tramitó el proyecto, destacó que la ley busca no solo dotar de recursos estratégicos a las fuerzas del orden, sino promover la corresponsabilidad del sector privado y atraer inversión.
"Hoy es el momento de decidir si queremos un Estado que se arrodilla ante las mafias o un Estado que protege la vida de los ecuatorianos", enfatizó Franco durante el debate.
Mientras que desde la bancada correísta se advirtió que la seguridad "no puede depender de donaciones privadas, pues esto debilita la soberanía y sustituye al Estado por la caridad", según indicó el legislador Xavier Lasso.
Paola Cabezas, también de la RC, dijo que esta era "una ley más" que "beneficia a los empresarios" y que no resolvía "el problema de fondo que tiene la seguridad del país".
Uso de la urgencia económica
El correísmo señaló que con en esta normativa se volvió a usar de manera indebida el mecanismo de urgencia económica, que obliga a los parlamentarios a tramitar la norma en un máximo de treinta días, y recordó que la Corte Constitucional ya había declarado inconstitucional una norma similar por mezclar materias y vulnerar procedimientos, en referencia a la Ley de Solidaridad Nacional.
El pasado 26 de septiembre, el alto tribunal anuló esta normativa y también la Ley Orgánica de Integridad Pública, dos normas enviadas a la Asamblea en calidad de urgencia y que el Gobierno consideraba vitales para la lucha contra el crimen organizado.
La Corte determinó que la primera de estas normas "mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica", mientras que la segunda ley vulneró "la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática".
La Ley de Solidaridad buscaba establecer fórmulas de financiación para la Policía y las Fuerzas Armadas y así reforzar su lucha contra la delincuencia organizada, en el marco del estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa, desde inicios de 2024, para enfrentar la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino, causada por el auge de las bandas criminales.
Sin embargo, dentro del texto había disposiciones polémicas como la prerrogativa que se le daba al mandatario para conceder "indultos anticipados" a policías y militares que sean procesados por delitos cometidos durante sus acciones contra criminales dentro del estado de "conflicto armado interno". EFE
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